El Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido paralizar 65 nombramientos de jueces en el Consejo General del Poder Judicial CGPJ en sólo un año y medio. Todo ello, gracias a la Ley impulsada por el propio Ejecutivo que entró en vigor en marzo de 2021 y que impide al CGPJ en funciones realizar nombramientos.
Según los datos a los que ha tenido acceso Libertad Digital, el Gobierno ha bloqueado el nombramiento de 14 magistrados del Tribunal Supremo. La Sala más afectada es la de lo Contencioso-Administrativo (Sala Tercera) que no ha podido cubrir hasta 8 vacantes, lo que está provocando ya graves problemas para formar las correspondientes Secciones y para efectuar su trabajo diario. A finales de 2022, habrá otras dos vacantes en esta Sala hasta sumar un total de 10.
A pesar de que el Ejecutivo se autodefine como el más «social de la historia», paradójicamente la Sala Social del Supremo (Sala Cuarta) es la otra gran afectada. Ya hay 3 plazas sin cubrir y a final de año serán 2 más. Cabe destacar que esta Sala tendría que estar compuesta por un total de 13 magistrados. A finales de 2022, sólo quedarían 8 magistrados.
El Gobierno también ha paralizado en el CGPJ otro nombramiento sensible, el del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que debe ser cubierto tras la marcha de la magistrada Concepción Espejel al Tribunal Constitucional. Recordamos que la Audiencia Nacional dirime las macrocausas de corrupción política, por lo que este puesto tiene una gran importancia para los partidos políticos.
Según los mismos datos a los que ha tenido acceso LD, el CGPJ que preside en funciones Carlos Lesmes tampoco ha podido designar en este tiempo a 24 magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España, 17 de ellos como presidentes del propio TSJ de sus Salas. Tampoco a otros19 magistrados de Audiencias Provinciales, 4 de los cuales también serían presidentes. Si el CGPJ no es renovado a final de año, la cifra total aumentará a 71 plazas vacantes de jueces en puestos clave de la justicia española.
La renovación, por tanto, del CGPJ es clave y decisiva para que el Ejecutivo de Sánchez se haga con todo su botín judicial. Cuando el Gobierno de los jueces se renueve, los vocales progresistas serán mayoría y tendrán en sus manos la elección de los 65 citados magistrados cuyos nombramientos han sido paralizados.
Por último, no hay que olvidar al Tribunal Constitucional. El propio Ejecutivo tramitó urgentemente una reforma de su propia reforma para que el CGPJ en funciones no pueda realizar los nombramientos descritos, salvo los de los dos magistrados del Constitucional que le corresponden en este turno. El objetivo es dar la vuelta a la mayoría del TC en manos de los magistrados conservadores, gracias a los otro dos integrantes del Alto Tribunal que le corresponde designar al Gobierno en esta renovación, más los dos del CGPJ.
Es decir, el Ejecutivo tras controlar la Fiscalía eligiendo a su exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado y sustituyéndola recientemente por su mano derecha Álvaro García Ortiz, podría hacerse en los próximos meses con el control del CGPJ, del Tribunal Constitucional y elegir a 65 magistrados en puestos clave de toda España a través del nuevo Consejo General del Poder Judicial con mayoría progresista.
La advertencia de Lesmes
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial CGPJ en funciones, Carlos Lesmes, solicitaba el pasado 7 de septiembre durante la apertura del año judicial, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se reúnan «con urgencia» para pactar la renovación del CGPJ en las «próximas semanas», al tiempo que amenazaba con tomar decisiones que no le gustan si no se devuelven sus plenas capacidades al Consejo.
Fuentes del CGPJ consultadas por este diario descartan que a día de hoy, «Lesmes haya decidido dimitir si no se renueva el Gobierno de los jueces antes del próximo 12 de octubre».
En caso de que Lesmes se marche definitivamente, el Supremo estaría presidido en funciones por el presidente de Sala de mayor edad, el presidente de la Sala Civil (Sala Primera), Francisco Marín. En el caso del CGPJ, Lesmes sería sustituido por el vocal también de mayor edad, el progresista Rafael Mozo.
