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El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial tramita la ‘obra menor’ de la exhumación de Franco

La alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Blanca Juárez, ha decidido llevar personalmente el trámite que corresponde a su ayuntamiento en el proceso de exhumación de los restos de Francisco Franco, pese a que el informe técnico que le ha remitido el Gobierno de España es la descripción de una obra menor, informan a EL PERIÓDICO fuentes municipales. 

La alcaldesa ha impuesto además un gran sigilo en la tramitación. La tarde el 19 de noviembre dio noticia a todos los grupos políticos del consistorio con un escueto correo electrónico enviado desde su cuenta oficial. “Ha llegado petición de informe del Ministerio de Justicia referente a las actuaciones arquitectónicas en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (Valle de Cuelgamuros, San Lorenzo de El Escorial, Madrid) como consecuencia de la exhumación de D. Francisco Franco Bahamonde…”, dice el correo.

El mensaje abunda en datos que conoce cualquier concejal, como que Cuelgamuros está San Lorenzo de El Escorial, y es muy escaso en detalles de la obra. Esta consiste, según el email, en “retirada de losa sepulcral y posterior reposición de solado”. Nada más. Los concejales de los grupos de oposición, y aún algunos socios de gobierno, no conocen más acerca del contenido del informe técnico remitido por Justicia, según las fuentes municipales consultadas.

“Tampoco puede haber más -reponen estas fuentes-: al fin y al cabo se trata solo de levantar una losa, o sea, una obra menor”. De momento, el asunto no se revisará en pleno, pues ningún grupo contempla su inclusión en el orden del día. Tampoco en Comisión de Urbanismo, pues son facultad directa del gobierno municipal los informes y licencias de obra menor. 

Cuidado extremo

Pese a la tensión y discreción que rodea al trabajo que ha asumido la alcaldesa –física aeroespacial que comanda una coalición de tres partidos locales más el PSOE y una marca de Podemos- es una faena sencilla: el Ayuntamiento se limitará a informar al Gobierno de si lo que pretende hacer -y relata en su informe- cumple con la normativa urbanística local. Para aseverarlo, será necesario a su vez informe positivo del arquitecto o aparejador municipal.  

“Esta obra se está cogiendo con papel de fumar. Se ve que el Gobierno no quiere cometer el más mínimo fallo burocrático”, dice un veterano experto del consistorio escurialense. A la obra de exhumación de Franco se le está dando una tramitación inédita en el Ayuntamiento. El arreglo de una tapia de un chalé es también una obra menor, pero no se somete su informe técnico, si lo hubiere, al sigilo y al tratamiento personalizado y minucioso de la alcaldía. 

Tampoco se da este trato especial a otras obras menores en terrenos regentados por Patrimonio Nacional. Dada su monumentalidad, la entidad -dependiente de Presidencia del Gobierno– tiene mando sobre buena parte del territorio de la localidad, y cuando hace obras de arreglos en el Real Monasterio, la Casita del Príncipe, la Lonja, los jardines de La Herrería u otras instalaciones no ha pedido el Gobierno la opinión técnica del Ayuntamiento.

Ni opinión ni licencias. Las decisiones las toma Manuel Terrón, delegado de Patrimonio Nacional, y uno de los hombres más poderosos de la ciudad, pues Patrimonio sí puede vetar construcciones u otras obras si afectan a monumentos o restos arqueológicos.

Sin necesidad de permiso

En al menos los últimos 30 años, informan las mismas fuentes, Patrimonio no ha pedido la opinión municipal cuando ha tenido que realizar pequeños arreglos en el panteón de Reyes o en el pudridero, donde los restos de Juan de Borbón y los de María de las Mercedes de Borbón, abuelos del rey Felipe VI, esperan a su reducción.

Los cuerpos de los reyes son colocados en el pudridero durante entre 25 y 40 años antes de poder pasar, ya reducidos, a los cofres del panteón real. Los restos de Juan de Borbón, por cierto, han cumplido ya un cuarto de siglo de estancia, pues murió el 1 de abril de 1993. Los de quien fue su esposa descansan allí desde enero de 2000.

No hubo tampoco petición de informe técnico al Ayuntamiento por parte del Gobierno en otras obras menores realizadas en el Valle de los Caídos. En abril pasado, sin ir más lejos, cuando técnicos del Instituto Torroja de la Construcción (del Consejo Superior de Investigaciones Científicas) horadaron la pared de una capilla de la basílica para comprobar si son accesibles los restos de los hermanos Manuel y Ramiro Lapeña y del soldado Pedro Gil Calonge, cuyas familias tienen concedidas sus exhumaciones por sentencia judicial.

Trabajo para juristas

Entre tanto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está también enfrascado en la porción de burocracia que le corresponde en la histórica exhumación de Franco: la de autoridad sanitaria mortuoria.

La Dirección General de Salud Pública, que ostenta esa competencia, ha pedido a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid un informe “para ver en qué sentido es competente la Comunidad y qué puede responder en ese campo”, explican desde la consejería.

El calendario corre: el Decreto de exhumación aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 25 de agosto da un mes al gobierno madrileño para pronunciarse. Y a la Consejería de Sanidad, en la madrileña calle de la Aduana, llegó la petición de informe remitida por el Ministerio de Justicia el pasado 20 de noviembre por la tarde. Según las cuentas que hacen fuentes de esa consejería, la Comunidad de Madrid tiene hasta el viernes 21 de diciembre para contestar al Gobierno.