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El Castor encarecerá el recibo del gas casi 2 euros al mes durante 30 años

Una media de casi dos euros al mes (en concreto, 1,75 euros) por recibo de gas durante 30 años o 360 meses ahora quedan pendientes 28 años y 336 meses) . Ese es el precio que pagan los usuarios desde enero del 2016, sin contraprestación a cambio, por la compensación por el cierre del almacén Castor, que fue anulada por una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 22 de diciembre. El importe total, con los intereses y los costes de mantenimientoasciende a más de 4.700 millones, unas 3,6 veces más de la compensación que recibió la sociedad concesionaria Escal, controlada en un 66% por la ACS presidida por Florentino Pérez.

A pesar del dictamen del alto tribunal, el sistema de pago se mantiene a través de una orden ministerial de peajes y cánones del sector del gas que entró en vigor el 1 de enero, al igual que los dos años anteriores. A la vez, el ministerio de Energía asegura que estudia aún las repercusiones del fallo y deberá buscar la solución a este problema jurídico que los expertos consideran de “grandes dimensiones”. La visión inicial del Ejecutivo es que la sentencia “no cuestiona el fondo del asunto sino el vehículo normativo utilizado”.

Lo complica que los consumidores ya han pagado unos 200 millones entre el 2016 y el 2017 y Escal ya cobró los 1.350 millones de compensación reconocida desde el 2008 y liquidó su deuda. La solución no es fácil, ya que Escal podría tener que devolver el dinero y los bancos, que pusieron los fondos para la indemnización a cambio de un flujo de ingresos estable y cuantioso, podrían quedarse sin cobrar, algo que se descarta.

En todo caso, el titular de Energía, Álvaro Nadal, deberá hallar la fórmula para ajustarse a la legalidad por una situación que proviene de cuando el socialista y excalcalde Barcelona, Joan Clos, era ministro de Industria; siguió con su sucesor del mismo partido, Miguel Sebastián; y se complicó aún más con el dimisionario José Manuel Soria, del PP; antecesor del actual responsable de la cartera. 

Negociaciones

El Banco SantanderBankia CaixaBank son las entidades que se adjudicaron una licitación convocada por el Estado, tras aportar el dinero para que Escal pagara la deuda que tenía pendiente esencialmente con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para acometer la inversión que luego resultó fallida. El Ministerio deberá negociar ahora con estos bancos, que tienen derecho a ingresos con un interés anual del 4,27%. Fuentes de alguno de ellos afirman que están “a la espera” de que el Ejecutivo contacte con ellos. “El Gobierno redactó una real decreto ley, convocó una puja para vender los derechos de cobro, los ganamos; ha sido declarado inconstitucional y ahora deberá ver cómo lo soluciona”, dicen.

Un sistema sería redactar un proyecto de ley, ya que el Constitucional critica que la medida de compensación se adoptara a través de un real decreto-ley, que se debería emplear de forma extraordinaria e imposibilitata la impugnación ante los tribunales y la limita al Constitucional. De hecho, las razones de urgencia y necesidad que permiten legislar por esta vía a la que recurrió en el 2014 el Gobierno del PP solo las cumplía esencialmente la sociedad concesionaria, que debía devolver su deuda en pocos días.

Sin apoyos

La cuestión es que el PP carece actualmente de mayoría absoluta en el Congreso para tramitar un proyecto de este tipo y difícilmente le apoyarán otras fuerzas como el PSOE, que fue, junto con el Parlament de Catalunya, la que impugunó la fórmula utilizada para el Castor.  Fuentes de la Generalitat consideran que el fallo del Constitucional debería retrotraer a la situación anterior, es decir, anular el pago de la indemnización y la repercusión de la misma en la factura que pagan los casi 8 millones de usuarios de gas natural.

Además, en la Adminsiración catalana están pendientes de dos recursos que plantearon ante el Tribunal Supremo contra las órdenes ministeriales que incluían los cargos en el recibo para el 2016 y el 2017. Esta impugnaciones se llevaron a cabo por “coherencia procesal”, al haber recurrido el real decreto ley que avalaba las compensaciones y su repercusión en los recibos.  A juicio de las fuentes consultadas, la decisión del Supremo debería tener en cuenta lo dictaminado por el Constitucional.  

Para evitar aumentar el déficit público, el Gobierno endosó a Enagás, el gestor del sistema –hoy se ocupa del mantenimiento e hibernación de las instalaciones, que también van a cargo del recibo–, la responsabilidad de indemnizar al concesionario de Castor. A la vez transfirió a esa compañía de la que tiene el 5% del capital, los derechos de cobro y esta los cedió a los tres bancos que adelantaron el dinero. La única forma de atraer financiadores era ofrecer un interés elevado (4,27%), algo parecido a lo que pasó con la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL), cuyo contrato establece una retribución financiera del 9,33% durante 50 años