El 18 de julio en su perfil de Linkedin, Chris Bannister, CEO de WOM Colombia, empresa de telecomunicaciones que inició operaciones este año en el país, publicó una carta que recibieron el pasado 6 de julio por parte de la empresa TIGO, en la que su presidente anuncia acciones legales en su contra por estar haciendo ofertas laborales a sus colaboradores, a partir de supuesta información recibida por parte de exempleados.
La reacción de Bannister no se hizo esperar y públicamente preguntó por qué hay 50 millones de colombianos tan talentosos, pero una élite insegura y con liderazgo tan débil que debe recurrir a intimidaciones legales ara retener talento en sus organizaciones; preguntando también si era propio del sector de las telecomunicaciones o si este fenómeno también se presenta en otras áreas.
En su libro “Por qué fracasan los países”, Acemoglu y Robinson lo previeron, afirmando que, de acuerdo con su teoría, es muy poco probable que Colombia logre tasas de crecimiento económico sostenido (cap. 15), precisamente por contar con instituciones políticas y económicas excluyentes y extractivas, que no permiten la disrupción y mantienen un círculo vicioso, donde unos pocos logran mantener el control de la economía a través del Estado y sus instituciones.
La libre competencia sencillamente no es de buen recibo en sectores “consolidados” y eso genera reacciones como la que denuncia Bannister, quien además ha tenido que superar tediosos procesos ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para poder entrar al mercado colombiano, por la férrea oposición de las empresas establecidas, que buscaron hasta el final evitar la interconexión. El asunto no es nuevo y seguramente no será el último. De hecho, el proyecto de reforma tributaria, sobre el que escribimos en este espacio hace algunos días, evitó implementar alguna salvaguarda a pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría, lo que en últimas termina por favorecer a los más grandes, que tendrán menos problemas al momento de asumir el incremento en el impuesto de renta de 30 a 35% y el fin del descuento del 50% del impuesto de industria y comercio.
Las reacciones no se han hecho esperar y las redes sociales compartieron el mensaje de Bannister con preocupación. El profesor Erik Behar, por ejemplo, publicó: “#Legalandia llega a niveles bárbaros de atrevimiento para minar el mercado. Vean esta historia de WOM. Busca talento nuevo y las pocas empresas que concentran el poder en ese mercado la emprenden contra el nuevo actor y exempleados a punta de leguleyadas”.
Mientras tanto, el gobierno sigue buscando acercamientos con un comité que se alega representante de lo que queda del Paro Nacional y quiere promover una reforma tributaria que solo afecta a las empresas, es decir, a las generadoras de riqueza, pero evita una reducción amplia de la burocracia estatal y del gasto público. Había prometido una política agresiva en favor de la economía naranja, pero lo cierto es que mientras no se supere el sistema anacrónico de capitalismo clientelista (crony capitalism) es casi imposible que las cosas cambien en Colombia.
Entre los empresaurios, que hacen fortuna por su cercanía con el gobierno, las regulaciones que desde allí promueven para limitar la entrada de nuevos competidores y un Estado cooptado por el clientelismo político, que mantiene las bases electorales de las fuerzas políticas tradicionales; seguirán manteniendo a Colombia alejada de la verdadera libertad económica.
Si se logra consolidar una fuerza socialista que se ofrezca como una alternativa conformada por líderes que no hacen parte del establishment y que prometan que el estado servirá a los más vulnerables, como lo hicieron los Castro, Chávez, Perón y tantos otros; solo tendrán que asumir el poder, pues el Leviatán ya es fuerte y será cuestión de tomar el timón.
Denuncias como la que hace Bannister, son solo puntas de un iceberg mucho más profundo que se ha enquistado en la economía y la política colombianas, donde unos pocos logran manipular el conjunto institucional para el beneficio de sectores específicos, negando la posibilidad real de consolidar un sistema de libre mercado, que requiere imperio de la ley, agilidad en los trámites, regulaciones generales y no pensadas para “proteger” a un sector, flexibilidad laboral para empresas y trabajadores, libre elección en educación, entre otras.
Fue lo que prometió el actual gobierno en la campaña de 2018, fue lo que eligieron los colombianos en las urnas. Por alguna extraña razón, el Estado colombiano crece y crece, los impuestos suben y suben, la economía se estanca y la libertad siempre queda en veremos.
