Los partidos independentistas catalanes llevan semanas maniobrando en Bruselas para que la visita a España de la Comisión de Investigación Encargada de Examinar el Uso del Programa Espía de Vigilancia Pegasus y Otros Programas Equivalentes (PEGA), compuesta por 11 eurodiputados de muy diferente signo, sirva para evidenciar que el espionaje realizado desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a dirigentes del nacionalismo catalán que había participado en el procés vulneró sus derechos individuales.
Sin embargo, su estrategia parece haberse truncado. La visita a España del Comité, que desembarcará en Barajas el lunes -festivo-, coincidirá el martes con la moción de censura de Vox al presidente Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, que estará liderada por el economista y político Ramón Tamames. Todavía sigue sin estar cerrada la agenda y los encuentros que se producirán.
Como ha informado THE OBJECTIVE, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no podrá obtener el rédito esperado sobre su caso de espionaje puesto que protagonismo lo tendrá ese día el pulso del partido de Santiago Abascal al Gobierno. Junto a esto, el pasado 16 de marzo, Assemblea Nacional Catalana, Òmniun, Junts, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la CUP hicieron llegar al presidente del Comité, el democristiano Jeroen Lenaers, una carta incendiando la visita a España y alertándole de las maniobras del resto de los partidos para obstruir la investigación.
División sobre el ‘Pegasus’
También el pasado jueves 16 se produjo un debate, a cuyas conclusiones a tenido acceso THE OBJECTIVE, en el que quedaron plasmadas las diferencias entre los 11 miembros del Comité, de los que nueve visitarán España. El origen del debate, en el que participó la comisaria de Servicios financieros, estabilidad financiera y unión de los mercados de capitales, Mairead McGuinness, tuvo su origen en una pregunta previa de Lenaers.
Este, pocos días antes del desembarco en España, se interesaba por las medidas que adoptará la Comisión en respuesta a la falta de colaboración del caso Pegasus y si tiene previstos procedimientos de infracción. La Comisión, ante la pregunta, deja claro que que condena cualquier injerencia ilegal en las comunicaciones personales, pero al tiempo también que los Estados miembros son competentes para garantizar su seguridad nacional.
En el debate quedó clara la división del Comité, en el que participan desde Carles Puigdemont, Diana Riba (ERC) al Juan Ignacio Zoido, ex ministro de Interior con Mariano Rajoy, y Jorge Buxadé, de Vox, además de Iban García, del PSOE, y Jordi Cañas, de Ciudadanos. Zoido deja claro que «el abuso de spyware en contra de nuestros ciudadanos supone, sin lugar a dudas, una grave violación de sus derechos básicos y un problema de seguridad preocupante».
El debate de la ilegalidad
Matiza, sin embargo, que «la posesión y el uso legal y legítimo de spyware, que no su abuso, es un recurso que responde a necesidades de seguridad nacional. Por tanto, es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros, según el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea». Zoido apunta a graves irregularidades de Polonia y Hungría en el uso del Pegasus.
Por su parte, Puigdemont, que lógicamente no acudirá a España, denuncia «un boicot desde dentro. Ni la Comisión ni los Estados miembros tienen ningún interés real en conocer, investigar y actuar. El lunes habrá una misión a España, pero aún hoy, cuatro días antes, los miembros de la comisión no saben con quién se van a encontrar. ¿Se reunirán con el gobierno español o no? ¿El Parlamento español, o no? Esto es inaceptable y atestigua la inacción absoluta de las autoridades de la Unión Europea«.
Concluye que «hay una amenaza muy seria. El uso de este spyware y la excusa de la seguridad nacional tienen efectos inhibidores sobre la democracia. Es crear una especie de jaula de Faraday que proteja a las autoridades de los Estados y de la Unión Europea de los efectos de la democracia. Y esto es inaceptable».
Por su parte, Jordi Cañas aclara que «un programa de vigilancia legal es un programa de vigilancia y un programa de vigilancia ilegal es un programa espía». Añade que el papel de la comisión es cartografiar la realidad del uso de ese tipo de programas por parte de los Estados miembros para determinar y evaluar si eso se estaba realizando dentro del marco legal que lo permite, con el objetivo de combatir el crimen organizado, el terrorismo —es decir, defender la democracia— o si se estaba haciendo de una forma ilegal e irregular».
El propósito del viaje
La delegación que llegará mañana a España planea entrevistarse con representantes del Gobierno, diputados miembros de la comisión de Defensa del Congreso, así como víctimas de espionaje como el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, y la consejera catalana de Acción Exterior, Meritxell Serret. También hay previstos encuentros con miembros de la comisión de investigación sobre Pegasus en el Parlamento catalán, un representante de la Oficina del Defensor del Pueblo, ONG dedicadas a la defensa de los derechos fundamentales y periodistas.
Antes de la visita, Lenaers señaló: «Viajamos a España para entender mejor los controles y equilibrios vigentes en este país para prevenir cualquier utilización ilegal de los programas espía. Durante la visita, esperamos escuchar de primera mano de los representantes gubernamentales y del Parlamento qué sistemas existen para la compra y autorización de programas como Pegasus. También queremos reunirnos con las víctimas y conocer sus testimonios. Aunque se trata de un momento complicado debido al calendario político nacional, es importante para nuestra investigación intercambiar impresiones con todos los actores relevantes antes del fin de nuestro mandato en unos meses».
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