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El Congreso tumba las políticas sociales del Gobierno por sus ataques a la concertada

La obsesión del PSOE y sus socios de Gobierno con la educación concertada y con negarle cualquier tipo de ayuda destinada a la reconstrucción es el motivo -por tres votos- de que el Congreso haya descartado el bloque de medidas sociales propuesto por el Gobierno de coalición. Estaban advertidos de la importancia de este punto importante, pero finalmente, los 172 votos a favor se han visto superados por 175 en contra, por lo que este texto no aparecerá en el dictamen global.

Y eso que PSOE, Unidas Podemos y ERC intentaron hasta última hora convencer al resto de partidos registrando el martes una enmienda para dar marcha atrás e incluir a la educación concertada en la batería de ayudas para adaptar los centros educativos a la epidemia del coronavirus.

Pese a que asociaciones de centros de la escuela concertada, así como dirigentes de la Iglesia, llevan tiempo reclamado igualdad de trato con los centros públicos, la ministra de Educación, Isabel Celaá, dejaba claras recientemente sus intenciones de favorecer siempre en las ayudas por la COVID-19 a los centros públicos porque allí están los alumnos más vulnerables. Sus rectificaciones a la hora de anunciar financiación para luego no incluirlas han sembrado la desconfianza del sector educativo.

En el rechazo al bloque social ha sido clave el voto negativo de Vox, grupo que no participó en las negociaciones, pero también la fragmentación entre los grupos de izquierda, nacionalistas e independentistas, circunstancia que al final ha provocado que el área social quede fuera.

ERC sí apoyó al Gobierno al pactar con el grupo socialista varias propuestas sobre dependencia, una inyección de recursos en proyectos sociales y el aumento de recursos en educación y para becas. Y aunque con dudas, Más País también dio su respaldo.

La parte que no esperaba el Gobierno que no apoyara las medidas sociales es la del PNV, EH Bildu, BNG, Coalición Canaria y JxCat. Una de las razones que han alejado a varias de estas formaciones de las posiciones del Ejecutivo, al igual que al PP y a Cs, ha sido la medida sobre la educación concertada, que quedaba fuera de la recepción de ayudas destinadas a la reconstrucción.

Agenda radical

Así, aunque PSOE y Unidas Podemos intentaron un pacto con una enmienda transaccional, la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de que las propuestas sociales para la reconstrucción hayan sido rechazadas este miércoles en el Congreso.

La diputada popular cree que no incluir a la educación concertada y especial en las ayudas para hacer frente a la pandemia ha sido el detonante y ha remarcado que ambos salen “derrotados” en su intento de “excluir” a la educación con una ley que ha definido como un “pulso contra la libertad educativa”.

“No tiene ni mayoría social ni parlamentaria para seguir atacando a la educación concertada y especial, como intentan a través de la ley Celaá, que pretende aprobar”, insistía Gamarra.

Casi en los mismos términos se pronunciaba en su perfil de Twitter la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo: “Una victoria de la libertad educativa y un fracaso del sectarismo gubernamental», ha celebrado la portavoz”. La popular destacaba que el Gobierno no cuenta con el apoyo necesario para “imponer una agenda radical” ni en Europa ni en España.

Fallaron los cálculos

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, reprochó al Gobierno que “haya calculado mal” al asumir los postulados “dogmáticos” de Podemos y excluir en el reparto de las ayudas a la escuela concertada y especial. Bal ha vuelto a tender la mano al Ejecutivo para que “rectifique” en la tramitación presupuestaria si quiere contar con el apoyo de los diez diputados de Cs.

Para terminar, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa, ha precisado que su formación solamente ha participado en la mesa relacionada con la defensa de la educación concertada y especial para evitar que pudiera estar “bajo cualquier mínima amenaza”. Aun así, ha recordado que lo que se ha votado “no es más que un texto de carácter simbólico, sin ninguna fuerza normativa”.