A pesar del veto de PSOE y Podemos, la voz de los expertos críticos con la ley Trans ha vuelto a escucharse este viernes en el Senado gracias al PP. Como ya hiciera en el Congreso, el principal partido de la oposición ha organizado toda una serie de comparecencias encaminadas a destapar todo aquello que el Gobierno pretende esconder: desde su impacto en la Educación y el Deporte, hasta las preocupantes consecuencias que puede tener tanto en el ámbito jurídico como en el sanitario. Y es precisamente en este último donde más datos nuevos se han puesto sobre la mesa.
Tras las denuncias de las madres de Amanda y de prestigiosos profesionales como el psiquiatra Celso Arango —quien ya el año pasado advirtió de que «está habiendo un incremento bestial de adolescentes que asumen ser trans sin serlo«—, Confluencia Movimiento Feminista se propuso hacer un informe lo más riguroso posible con los datos aportados por las distintas comunidades autónomas. El objetivo: demostrar que existe un «contagio social» y que, si pasa lo mismo que con la ley del sólo sí es sí, el Gobierno no pueda decir que nadie le advirtió de lo que podría suceder.
Aunque muchas regiones han optado por no facilitar la información requerida, y otras han proporcionado datos sesgados, la conclusión es que, al calor de las distintas normativas autonómicas y de la futura ley de Irene Montero, la sanidad pública cada vez atiende a más personas que dicen ser trans, cada vez hay más mujeres que dicen serlo —en contra de la tendencia histórica— y cada vez son más los menores de edad que inician un proceso que, en muchos casos, es irreversible.
Los datos más alarmantes
Las cifras proporcionadas por algunas consejerías de Sanidad llaman poderosamente la atención. «En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el número de personas atendidas creció un 10.000% entre 2016 y 2021 —asegura Henar Sastre, enfermera y miembro de la Confluencia Movimiento Feminista—. En Cataluña, el crecimiento es del 7.000% entre 2012 y 2021«.
Los datos facilitados no son comparables por cuanto prácticamente ningún gobierno regional se ha ajustado a los datos solicitados. Sin embargo, todos ellos corroboran un «aumento exponencial» de pacientes trans, especialmente en el último año. «En Madrid, las primeras visitas a la unidad del Hospital Ramón y Cajal se duplican de 2021 a 2022, llegando a más de 800 entre enero y julio«, revelan las feministas.
Lo que más les preocupa, sin embargo, es el incremento del número de menores de edad. La mayoría, niñas o adultas jóvenes. «En Cantabria, el 65% de las personas atendidas en Psicosexología tienen menos de 21 años, y la mayoría también son mujeres. En Murcia, entre 2017 y 2022, el 60% de los menores de edad atendidos en Endocrinología Infantil son niñas y, del total de personas trans atendidas, el 64% tiene menos de 19 años, con la máxima concentración en la adolescencia», señala el informe.
En cuanto al sexo biológico de los pacientes, también es significativo el cambio de tendencia. Hasta ahora, tanto a nivel nacional como mundial, siempre habían sido muchísimos más los hombres que se declaraban trans. Ahora, los datos aportados por las distintas consejerías de Sanidad apuntan a un cambio de tornas: «En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, entre 2012 y 2021, el número de niñas y chicas adolescentes atendidas en consultas se ha incrementado un 9.000%, frente al 4.600% de niños y chicos adolescentes.
Daños irreversibles
Capitulo aparte merecen las intervenciones que se llevan a cabo con unos y otros. Según la Confluencia Movimiento Feminista, la mayoría de los médicos de Atención Primaria, siguiendo las instrucciones de las leyes autonómicas, derivan directamente a todos aquellos que dicen ser trans al servicio de Endocrinología, lo que, según denuncian, «implica ir directamente a los tratamientos de supresión de la pubertad y de hormonas cruzadas«. En el País Vasco, por ejemplo, «la derivación a Endocrinología es la que más ha aumentado respecto a otras especialidades de la unidad de identidad de género, con un aumento del 1.800%». En Baleares, el 66% de los pacientes son derivados automáticamente a este servicio, tres veces más que en 2017.
Respecto a las intervenciones quirúrgicas, se observa una clara prevalencia en mujeres: en Cantabria suponen el 82% y en Canarias llegan hasta el 87%. En este sentido, las feministas recuerdan que las operaciones realizadas a las mujeres implican una pérdida de funciones biológicas y esterilización, en mayor proporción de lo que sucede con los hombres.
Por el contrario, el acompañamiento psicológico se ve cada vez más reducido. Como regla general, las guías sanitarias existentes en aquellas comunidades que ya cuentan con su propia ley Trans «prohíben derivar a salud mental como requisito previo al inicio de la terapia hormonal y de las intervenciones quirúrgicas». Y eso es precisamente lo que sucederá con la ley impulsada por Irene Montero, obsesionada con una «despatologización» que dejará sin acompañamiento a personas —y sobre todo menores— que lo puedan necesitar y que tal vez puedan tener alguna patología que esté en el origen de la disforia de género.
Las cifras globales
En total, y a partir de los datos aportados por las distintas comunidades, la Confluencia Movimiento Feminista estima que entre 2017 y 2021, y de forma acelerada en los últimos dos años, «un mínimo de 20.755 personas entre los 9 y los 40 años, más mujeres que hombres, concentrados en grupos en edades de 14 a 25 años, habrían sido atendidos en las unidades de identidad de género del sistema público». Y eso teniendo en cuenta que se trata de una estimación que ni siquiera incluye a la sanidad privada. «Son estimaciones muy conservadoras. Sin lugar a duda, la realidad arrojaría cifras muy superiores», advierte Henar Sastre.
En cualquier caso, lo más grave es el número de niños y adolescentes que se encuentran en esta espiral: «Un mínimo de 1.000 menores sanos entre 2019 y 2021 habrían iniciado un tratamiento para detener artificialmente su desarrollo puberal con fármacos sin ficha técnica, es decir, de forma experimental, con efectos dañinos e irreversibles para su salud». Entre ellos, tal y como posteriormente ha explicado la organización Profesionales Sanitarias Feministas, se encuentran el riesgo de sufrir diabetes, osteoporosis o problemas cardiovasculares. No en vano, ésta es precisamente una de las razones por las que, tal y como ha recordado Sastre, aquellos países que fueron pioneros a la hora de aprobar leyes trans ya están empezando a dar marcha atrás.
Con todo, la portavoz de la confluencia Movimiento Feminista ha reclamado una vez más tanto la paralización de la ley Trans impulsada por Irene Montero, como la derogación de las distintas normas autonómicas. «En mi generación quisimos cambiar el mundo, hacer de este país una sociedad democrática —ha concluido su intervención—. En la posmodernidad actual, pretenden convencer a la infancia y a la juventud de que un deseo sentido es un deseo en la ley y, por tanto, que pueden modificar su cuerpo, aunque el precio a pagar sea hacerlos enfermos crónicos, dependientes de fármacos y teniendo que soportar mutilaciones muy dolorosas de por vida».
