El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha desvelado este jueves que el despliegue policial, la llamada operación Copernico, con motivo del 1-O costó a las arcas del Estado 87 millones de euros. En los días previos y posteriores fueron desplazados hasta Catalunya hasta 6.000 agentes, el resto de los días, hasta el fin del dispositivo, la cifra bajó a en torno 4.500 efectivos, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.
El coste de la operación ha sido casi el único dato nuevo que ha ofrecido el ministro en una comparecencia a petición propia en el Senado para dar cuenta de la controvertida actuación policial el día del referéndum ilegal.
Zoido ha minimizado las cargas policiales y ha atribuido los incidentes y los heridos -«que lamenta»- a la actuación del Govern, que en su opinión «generó un clima de crispación y soliviantó la calle para simular legalidad democrática» y a la «absoluta pasividad y poca colaboración» de los Mossos.
«En ningún caso la actuación de la Policía tuvo como objetivo a los votantes o a los ciudadanos. No digo que todos los que se encontraban en los colegios, fueran radicales. Había muchos ciudadanos pacíficos. Pero sí digo que entre ellos se infiltraron muchos radicales que estaban perfectamente organizados», ha señalado.
Asimismo, ha hablado de «resistencia pasiva organizada» y ha reconocido que en ciertos puntos hubo «incidentes de violencia que obligaron a utilizar la fuerza mínima imprescindible» simplemente para que los agentes pudieran abandonar el lugar de votación.
En su opinión, la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado fue «legítima, profesional y proporcionada», y respondió siempre al mandato judicial.
En cuanto a que muchos agentes fueran alojados en barcos, lo que generó protestas, ha atribuido la decisión a cuestiones «operativas».
