Los jueces y tribunales afectados por la posible Ley de amnistía sobre el golpe del 1-O que elabore el Gobierno de Pedro Sánchez podrán presentar una cuestión de inconstitucionalidad para dejar en suspenso su aplicación.
La Ley de amnistía tendría que tramitarse como una proposición de Ley y no proyecto de Ley, al estar el Ejecutivo en funciones. Por tanto, no se pedirían informes a los órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía o el Consejo de Estado. Dicha norma se convertiría en la moneda de cambio del PSOE para conseguir el apoyo del partido de Carles Puigdemont de cara a la investidura de Pedro Sánchez.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que «los jueces podrán recurrir a una herramienta legal que suspendería la aplicación de la amnistía durante un tiempo: la cuestión de inconstitucionalidad». Este mecanismo sólo puede ser promovido, de oficio o a instancia de parte, por jueces y tribunales y han de hacerlo cuando consideren que una norma con rango de ley aplicable al proceso del que conocen y de cuya validez dependa la decisión que hayan de adoptar en el mismo pueda ser contraria a la Constitución.
El órgano judicial ha de plantear la cuestión de inconstitucionalidad una vez haya concluido el proceso y dentro del plazo para dictar sentencia o la resolución judicial que proceda, debiendo concretar la ley o norma con fuerza de ley de cuya constitucionalidad duda, el precepto constitucional infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma cuestionada.
Posteriormente, el órgano judicial ha de elevar al Tribunal Constitucional el auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad junto con los testimonios de los autos principales y las alegaciones efectuadas por las partes y el Ministerio Fiscal. El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad determina la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión y, de ser admitida, hasta que resuelva definitivamente la cuestión.
Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD apuntan que «los jueces y tribunales que investiguen o juzguen causas relacionadas con el 1-O conseguirían así ganar tiempo, aunque obviamente, la última palabra y quién tendría que resolver la cuestión de inconstitucionalidad sería el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido«.
El Constitucional podría rechazar en trámite de admisión, mediante auto y previa audiencia al fiscal general del Estado, la cuestión de inconstitucionalidad cuando falten las condiciones procesales para su planteamiento o fuera notoriamente infundada. Por su parte, la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad ha de publicarse en el Boletín Oficial del Estado, pudiendo personase en el proceso constitucional, en el plazo de los quince días siguientes a dicha publicación, quienes sean parte en el procedimiento judicial en cuyo seno se ha promovido.
Asimismo, el Tribunal ha de dar traslado de la cuestión al Congreso de los Diputados, al Senado, al Fiscal General del Estado, al Gobierno y, en caso de afectar a una ley o disposición normativa con fuerza de ley de una Comunidad Autónoma, a sus órganos ejecutivo y legislativo para que puedan personarse en el procedimiento y formular alegaciones en el plazo de quinces días. Concluido este plazo, el Tribunal Constitucional dictará Sentencia.
Recurso de inconstitucionalidad del PP
En paralelo a las posibles cuestiones de inconstitucionalidad que presentaran los jueces y tribunales afectados por la Ley de amnistía sobre el golpe del 1-O, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo podría presentar su correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional.
Las mismas fuentes consultadas por este diario subrayan que «al final tanto las cuestiones de inconstitucionalidad como el eventual recurso de los populares tendría que ser resueltos por el Tribunal de Garantía que preside Conde-Pumpido en el que hay una mayoría de 7 magistrados izquierdistas frente a sólo 4 magistrados conservadores».
