El futuro de los aproximadamente 200 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra está en el aire. El martes se enteraron de que un acuerdo político ha puesto una fecha de caducidad a su puesto de trabajo actual y que dentro de cinco meses tendrán que estar cumpliendo sus funciones en otro puesto, aunque no saben si será en la misma provincia que ahora o en la otra punta de España, a miles de kilómetros.
«Nos han utilizado como moneda de cambio para su propio beneficio. No sabemos qué va a pasar con nosotros. No les importa qué pase con nuestras vidas y con nuestras familias. No les preocupa si tengo que escolarizar a mi hijo en unos meses a miles de kilómetros o tengo que irme solo a la otra punta de España. Tampoco sabemos si vamos a tener la oportunidad quedarnos en Navarra en otro puesto o pasarnos a la Policía Foral», explica a este periódico uno de los agentes afectados.
«A ellos sólo les importan sus intereses políticos y sus tejemanejes. Lo peor de todo es que han puesto nuestro vidas en el aire para complacer a los mismos que se han pasado décadas destrozando literalmente la vida de muchísimos guardias civiles. Nos sentimos humillados. Nuestra vida, nuestras familias, nuestro proyectos de futuro están en el aire por un simple pago político. Es todo así de triste e indignante», añade.
Este testimonio es solo un ejemplo del jarro de agua fría que ha supuesto dentro de la Guardia Civil el acuerdo político alcanzado por los partidos del Gobierno (PSOE y Podemos) con EH Bildu (la coalición que integra a los herederos de Batasuna-ETA) y que de una forma más ordenada se está canalizando en las últimas horas a través de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, las que pueden hablar en público sin arriesgarse a ser sancionados.
«El odio y el desprecio a la Guardia Civil de los unos es la moneda de cambio de otros… Seguimos para bingo», ha asegurado la Unión de Oficiales, que cuenta en el Consejo del Instituto Armado con todos los representantes que otorgan las escalas de oficiales. «Este gobierno ha aceptado el chantaje de Bildu para expulsar y traicionar a 220 compañeros de tráfico de Navarra, y a sus familiares», ha expresado Jucil, la asociación con más representantes en el órgano del cuerpo.
«Los guardias civiles y las competencias que tienen asignadas no son moneda de cambio y menos con partidos que han justificado la violencia y el asesinato de muchos compañeros. Mostramos nuestra más absoluta repulsa por este pacto infame y apoyamos a todos los guardias civiles de tráfico y sus familias destinados en Navarra, que están viviendo en la más absoluta indeterminación sobre su futuro», ha afirmado la asociación de suboficiales ASES-GC.
La Asociación Profesional de Cabos ha calificado como «un insulto a la Guardia Civil» el pacto al que han llegado los partidos del Gobierno con EH Bildu porque se acuerda como pago político y se hace «con un grupo que no oculta (sino todo lo contrario) su odio y desprecio hacia la Guardia Civil», tras lo que recuerda que muchos guardias civiles fueron asesinados por ETA por estar destinados en el País Vasco y Navarra.
También la asociación más veterana, AUGC, ha mostrado su malestar con la situación. «Resulta injustificable que la Guardia Civil se utilice como moneda de cambio para conseguir favores políticos y sin informar primero a los agentes y explicar qué va a pasar con su situación profesional. Se trata de una humillación, un despropósito del que siempre resultan perjudicados los componentes del Cuerpo», han asegurado.
La asociación ha recordado que este sábado se manifestará en Madrid junto al Sindicato Unificado de Policía (SUP) para denunciar todas las discriminaciones a las que son sometidos los agentes de la policía y la guardia civil por parte del Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska. Una marcha a la que también se ha sumado otra de las asociaciones profesionales del Instituto Armado: la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).
El futuro de los aproximadamente 200 agentes de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra es ahora mismo una incógnita. No se sabe si podrán mantener un destino en el Instituto Armado dentro de la Comunidad Foral, si tendrán que salir en busca de otro destino en otra provincia de España, si en el caso de tener que buscar otro destino van a tener preferencia o no en el concurso de destinos o si se va a habilitar una pasarela para que los que quieran pasen a la plantilla de la Policía Foral.
Lo único que ha dicho el Gobierno o Marlaska, de momento, hace retrotraerse al año 2020, cuando el Ejecutivo empezó a negociar el traspaso de esta competencia con el PNV -aunque al final el gato al agua se lo haya llevado ahora EH Bildu-. El ministro dijo entonces que «ningún guardia civil va a salir de Navarra«, ya que «necesitamos guardias civiles allí y en el resto de España, como en el País Vasco, en Cataluña, Extremadura o cualquier otra comunidad».
