El Ministerio de Sanidad trasladará esta tarde a las comunidades una propuesta para «modular» la obligatoriedad del uso de mascarillas que contempla la ley de nueva normalidad incluso cuando se puede mantener la distancia de seguridad. Las quejas de varias comunidades, sobre todo costeras, ha precipitado la rectificación del Gobierno con la vista puesta, asimismo, en la proximidad de la campaña electoral en la Comunidad de Madrid.
El anuncio de Pedro Sánchez de que el Ejecutivo no tiene intención de prorrogar el estado de alarma, que decae el 9 de mayo, liberará al Gobierno de arduas negociaciones para sacar adelante el respaldo del Congreso a una hipotética ampliación de esta medida excepcional y, en consonancia, desviará el foco del PSOE en los días previos a los comicios autonómicos en Madrid.
Antes de llegar a ese escenario, Gobierno y comunidades buscarán el consenso este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud, en el que previsiblemente Darias presentará una propuesta para «modular» o corregir la norma para que la mascarilla no sea obligatoria en las payas, las piscinas o el campo.
La ley que ahora propone modificar Sanidad sobre las mascarillas fue publicada el pasado martes en el BOE fruto del trabajo parlamentario a partir del real decreto de nueva normalidad que se aprobó en junio de 2020 para tramitarse como proyecto de ley. Durante su trámite parlamentario en el Senado se introdujo una enmienda del PSOE que fijaba la obligatoriedad de la mascarilla incluso manteniendo la distancia de seguridad, cuando hasta entonces se exigía de no ser posible guardar la distancia de 1,5 metros.
Sin embargo, el Ejecutivo se ha encontrado con el muro de las comunidades, que recelan de la obligatoriedad de la mascarilla en todo espacio abierto. Fue el caso de Baleares, que interpretó que no es obligatoria en playas y espacios naturales para quienes van solos o con convivientes y mantienen la distancia, pero sí en las reuniones sociales en esos lugares, al margen de lo que diga la ley estatal.
El secretario de Salud Pública de la Generalidad, Josep Maria Argimon, cuestionó ayer la norma y confió en que el Ministerio de Sanidad module su propuesta: «Obligar a llevar mascarilla en la playa no sé si es bueno», comentó antes de enfatizar que el sudor o la arena pueden «hacer perder el efecto protector» de la misma.
La Junta de Andalucía también rechazó de plano el uso del cubrebocas para tomar el sol en la playa y en las piscinas y apostó por la directriz que implantó el verano pasado, según la cual es obligatoria para pasear por la orilla pero no para estar en la sombrilla en grupos que no superen las 6 personas.
Tampoco ha caído bien entre las comunidades el anuncio de Sánchez de hacer decaer el estado de alarma el 9 de mayo. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha lamentado que la posibilidad de que el estado de alarma finalice se haya anunciado «sin contraste con las comunidades autónomas». Ha afirmado que el fin del estado de alarma es un «deseo compartido por toda la sociedad, pero sujeto a condicionantes imprevisibles», como la evolución de la pandemia y de la vacunación contra la covid.
La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha pedido, por su parte, decidir, con «toda la precaución posible» y atendiendo a «cómo evolucionen los datos», si es oportuno o no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, y el portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha considerado «muy precipitado» que el presidente del Gobierno haya anunciado ya el fin del estado de alarma y ha considerado que «pone el parche antes que la herida porque le costará sumar los apoyos parlamentarios».
