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El Estado se quedará con la fianza de Rovira esta semana

La huida de la justicia de la número dos de ERC Marta Rovira supondrá un ingreso para el Estado de 60.000 euros. Es la cantidad que la impuso el magistrado Pablo Llarena para asegurar su presencia en el procedimiento judicial cuando la tomó declaración en la causa por rebelión, desobediencia y malversación que investiga. Cuando la citó para modificar su situación personal, Rovira optó por huir, lo que supone la pérdida de la cantidad que se aportó de la caja de solidaridad de las organizaciones soberanistas como garantía de que estaría a disposición de la justicia. 

A principios de la semana pasada, la letrada de la Administración de Justicia (antes, secretaria judicial) emitió una diligencia de ordenación en la que se daba un plazo de 10 días al tesorero de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Manuel Padrós, que es quien figura como fiador para que entregue a Rovira. En caso de que la política catalana no se entregue la cantidad aportada en la cuenta de consignaciones pasará a las arcas del Estado. El tiempo concedido al fiador acaba a finales de esta semana.

En el auto de prisión dictado el pasado día 23 de marzo por el magistrado contra la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y los ‘exconsellers’ Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, se planteaba la ineficacia de asegurar su presencia en el procedimiento con unas fianzas que no procedían de su propio patrimonio, sino de una caja de solidaridad, ya que perderlas no suponía un “gravamen” para ellos.