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El ex concejal del PP catalán Óscar Bermán anima a los hombres a cambiar de sexo en el DNI para blindarse contra las denuncias falsas

Óscar Bermán Boldú.- El feminismo ha pasado de considerar a los hombres como el principal enemigo a batir, a actuar contra el colectivo LGTB+.

Hasta hace muy poco tiempo el feminismo puso especial empeño en “visibilizar” al colectivo LGTB+.

Quienes dicen ser las portavoces del feminismo, aparte de afirmar que es el único representante de las mujeres y de la lucha por sus derechos, desde hace años ha insistido especialmente en que había que lograr igualdad, respeto a la diversidad e “inclusividad”, y ha presionado con todos los medios a su alcance para que los legisladores aprobaran leyes –decían- a favor del colectivo LGTB.

Paradógicamente, ahora que el colectivo LGTB considera que sus miembros merecen los mismos derechos que las mujeres, el feminismo arremete contra el colectivo LGTB.

Líderes históricas del movimiento feminista argumentan que si un hombre puede auto-percibirse como mujer, todos los avances en la lucha por los derechos de las mujeres serían puestos en entredicho o sufrirían un enorme retroceso.

El feminismo está en contra de que se reconozca por ley que cualquier hombre pueda afirmar que se auto-percibe como mujer, y que pueda recibir trato preferente, o ser favorecido con prebendas, tener derecho a toda clase de subvenciones y ayudas destinadas exclusivamente a mujeres para: crear asociaciones, crear empresas, producir películas, beneficios a la hora de pedir créditos, ayudas para mujeres maltratadas, ayudas para la adquisición o el alquiler de una vivienda, recursos para las familias monoparentales, edición de libros de texto para ser utilizados en los centros de enseñanza, jornadas de “empoderamiento” para mujeres, cuotas en los consejos de administración de empresas, cuotas en puestos directivos, puestos en las listas electorales, y un largo etc.

La cantidad de recursos destinados exclusivamente a las mujeres es inmenso: se puede afirmar que todos los ayuntamientos de España poseen una concejalía exclusiva para mujeres; también existen consejerías “de la mujer” en todos los gobiernos regionales; ministerios diversos con presupuestos enormes, destinados de manera exclusiva a las mujeres,… y para remate de todo ello, todas las normas que se dictan en España están obligadas a incluir la “perspectiva de género”.

El feminismo “oficial”, subvencionado, políticamente correcto, se opone a que los miembros del colectivo LGTB tengan los mismos derechos que cualquier mujer.

Pero, ¿no habíamos quedado en que el feminismo está a favor de la igualdad? ¿No somos todos los españoles iguales ante la ley según el artículo 14 de la Constitución Española de 1978, y según la misma, nadie puede ser discriminado por ninguna razón o circunstancia personal: sexo, color de piel, religión, opinión…?

En cualquier juicio por malos tratos, las mujeres poseen presunción de inocencia y se considera que nunca mienten; en cambio, al hombre siempre se le considera mendaz y se le otorga presunción de culpabilidad, por lo tanto está obligado a probar su inocencia. La pregunta obligada es ¿Por qué las “mujeres trans” no pueden disfrutar de la presunción de veracidad como las otras mujeres? ¿Acaso es que las mujeres sin pene nunca mienten y las mujeres trans si mienten?

La actitud actual del feminismo hispano demuestra que, lo que realmente mueve a sus principales dirigentes son cuestiones económicas. Evidentemente, mientras menos sean los que optan a la repartición del pastel, más les toca a ellas. Es por eso que se oponen frontalmente a que los miembros del colectivo LGTB puedan disfrutar de los mismos derechos que los logrados por el Feminismo en las últimas décadas. Estamos hablando de lo que algunos llaman “la industria de género”.

Si sumamos todos los presupuestos dedicados exclusivamente a asuntos de género (solo para mujeres) la cuantía superaría el 1% del PIB español.

En esta cifra se incluirían las partidas del Ministerio de Igualdad, Instituto de la Mujer, concejalías exclusivas para la mujer de toda España, campañas publicitarias, folletos, ediciones de libros para la educación, subvenciones a organizaciones y asociaciones, etc. El Feminismo se ha acabado convirtiendo en un negocio muy lucrativo, y sin duda en uno de los grupos de presión –lobbies- más influyentes.

Óscar Bermán

Desde hace ya bastantes años cuando algún miembro del colectivo LGTB tiene la valentía de contradecir, cuestionar, o criticar al feminismo, suele ser represaliado y privado de sus más elementales derechos constitucionales.

En las redes sociales circulan vídeos en los que, a madres transexuales (mujeres con pene) se les aplica el protocolo de violencia de género (igual que a los hombres) y son enviadas al calabozo, privándolas de su derecho constitucional al “recurso de habeas corpus”:

“Alma Inestal una madre transexual y lesbiana juzgada por violencia de género como un hombre”

¿Por qué los medios de información no hablan de estos casos?

Si los medios de información divulgaran, dieran a conocer situaciones en las que los miembros del colectivo LGTB son discriminados y privados de sus derechos; lo cual nunca se hace cuando se trata de mujeres a las que se les da trato de favor…, correrían un enorme riesgo de perder las jugosas subvenciones que, casi todos ellos reciben por parte de las diversas administraciones, destinadas a promover el feminismo.

He aquí otro ejemplo de menosprecio, discriminación y privación de derechos al colectivo LGTB+:

En 2015 la Magistrada doña María S.G. dictó sentencia (sin motivación alguna) en la que obligaba a la persona miembro del colectivo LGTB+ al abono de una pensión “por alimentos” desproporcionada, a pesar de haber probado la misma que era insolvente y estar afectada por concurso de acreedores; llegando a tal extremo la magistrada de cuestionar y echar por tierra la labor del juez de lo Mercantil.

No se olvide que, las fases por las que pasa todo concurso de acreedores se publican en el BOE para que nadie alegue desconocerlo y, en caso de disconformidad, pueda impugnarlo.

Además esta magistrada tuvo la osadía de aplicar un artículo del Código Civil que había sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional del Reino de España, para no otorgarle la custodia compartida de su hijo, a la persona de la que venimos hablando.

El Tribunal Constitucional había derogado en octubre de 2012 (3 años antes) que el informe del Fiscal fuera preceptivo y vinculante para permitir la Custodia Compartida.

La persona de la que venimos hablando, recurrió ante instancias superiores y presentó una queja ante el CGPJ respecto de la incorrecta actuación de la Magistrada.

Dado que la situación no se resolvía, esta persona tuvo que volver a solicitar otra Modificación de Medidas. El Juzgado de Familia dictó Sentencia el 19 de abril 2018.

El 4 de mayo de 2020 se notifica a esta persona que la deliberación fue el 29 de abril 2020 y que una de las 3 Magistradas de la Audiencia Provincial fue reemplazada por doña María S.G., que cuatro años y medio antes no tuvo en cuenta ninguna de las pruebas aportadas por esta persona, miembro del colectivo LGTB+.

Recordemos que, en 2015 doña María S.G. dictó sentencia en 1ª instancia y esta misma Magistrada es quien vuelve a revisar el caso –en segunda instancia- en la Audiencia Provincial en 2020. El CGPJ tiene conocimiento de esta irregularidad, como de todas las anteriores, y siempre contesta que no puede hacer nada al respecto.

Es importante señalar que el bufete que actúa contra esta persona LGTB+ se llama bufete Abril Pérez del Campo.

La titular del Bufete es hija de una de las más importantes y significadas líderes del Feminismo en España.

Es tal la capacidad de influencia del feminismo de género que la titular de este bufete de abogados se jactó en su escrito del 2 de junio de 2020 de que todos los escritos de queja presentados por este miembro del colectivo LGTB+ ante los juzgados, el ICAM, el CGPJ, Fiscalía, Ministerio de Justicia… eran sistemáticamente tirados a la papelera.

Por supuesto, si algún miembro de la judicatura, valiente y realmente independiente, actúa sin seguir las directrices del Feminismo, las asociaciones de mujeres acaban acusando al juez de que se trate, de machista y lo lincharán públicamente, con la ayuda entusiasta de los medios de información “amigos del feminismo”.

Esta persona, miembro del colectivo LGTB+ se lamenta, con razón, de que el feminismo está presente, con mucha, demasiado influencia en las diversas instituciones europeas.

El 27 de febrero de 2019 esta persona presentó una denuncia por LGTBfobia ante el Tribunal Europeo Derechos Humanos de Estrasburgo.

El 28 de junio del 2020 se han cumplido 487 días y el TEDH no se ha dignado contestar a sus peticiones de información, sobre si se ha admitido a trámite o no su denuncia.

Reflexión 1:

En el año 2017 HazteOir realizó una campaña que muchos denunciaron como delito de odio:

“El polémico autobús de HazteOír que recorre España: Los niños tienen pene y las niñas vulva”

https://www.elmundo.es/f5/2017/02/28/58b522f4268e3ea2708b4715.html

En el año 2020, el feminismo ha adoptado el mensaje de Hazte Oír: “Los niños tienen pene y las niñas vulva”

Reflexión 2:

Si de verdad el feminismo quisiera la igualdad y el respeto de la diversidad, el feminismo no debería oponerse a que cualquier persona (independientemente de sus rasgos físicos, su anatomía, su color de piel, u otra circunstancia personal) pudiera cambiar su sexo del DNI, con el único trámite de acudir al Registro Civil.

Y he aquí la gran pregunta que debemos hacernos

¿Es deseable una sociedad en la que algunas personas posean más derechos que otras, por el simple hecho de pertenecer a un determinado grupo de presión o lobby?

¿O, por el contrario, queremos una sociedad en la que todos tengamos los mismos derechos y obligaciones?

En la actualidad ciertos grupos tienen unos privilegios por encima del resto:

• Los políticos están aforados. Los políticos están blindados ¿cuántos políticos han sido condenados por abuso de poder?

• Los diputados y senadores con solo cotizar 7 años, percibirán la máxima pensión de jubilación, siendo ésta compatible con el cobro de otras pensiones.

• Los jueces son intocables: de las 10.000 quejas presentadas ante el CGPJ contra jueces por ciudadanos y abogados, ninguna prosperó.

“Los abogados denuncian que el CGPJ no sanciona sus quejas” (https://www.abc.es/espana/abci-abogados-denuncian-cgpj-no-sanciona-quejas-201805202014_noticia.html )

• Las personas que son consideradas refugiados, por parte de las autoridades, tienen una protección especial.

• Las mujeres tienen a su disposición todas las herramientas que ofrecen las leyes de género.

• El colectivo LGTB+ ya tiene algunos derechos reconocidos en un alto porcentaje de leyes autonómicas.

• El colectivo okupa tiene una especial protección.

Etc …

El gobierno ya tiene preparado un proyecto de Ley de Igualdad LGTB:

“La consulta pública para la Ley de Igualdad LGTB se abre hasta el 15 de julio” (https://www.servimedia.es/noticias/1273804)

La igualdad es un pilar básico de la democracia.

Las personas que luchan contra la discriminación por razones de sexo, que exigen igualdad de derechos, que piden ser inclusivos … deberían de exigir que todas las personas pudieran cambiar el sexo de su DNI con solo acudir al Registro Civil sin necesidad de ningún tipo de informe psiquiátrico, operación quirúrgica o medicación.

De este modo no sería necesaria ninguna ley específica para el colectivo LGTB.

No es cuestión de desposeer, de privar de derechos a ciertos colectivos, sino que todo el mundo pueda disfrutar de los mismos derechos.

Si permitimos que cada colectivo tenga sus propias leyes, es fácil suponer que cada vez que cambie el gobierno, cambiarán los colectivos que reciban trato de favor y también habrá alguno al que se le reduzcan o prive de sus derechos.

Si no exigimos ahora la igualdad real de derechos, independientemente de la circunstancia personal de cada ciudadano (porque ahora tenemos la fortuna de formar parte de un colectivo que está siendo privilegiado), más adelante no podremos lamentarnos si cambian las preferencias de los gobernantes y pasemos a ser el colectivo perjudicado.

Si se pretende que España goce de una situación de igualdad, el colectivo LGTB+ debe tener los mismos derechos que las mujeres sin pene, y por lo tanto cualquier persona debería de poder acudir al Registro Civil, sin ninguna clase de obstáculo o impedimento, para cambiar el sexo de su DNI, sin necesidad de ningún otro requisito.

*Ex concejal del PP en Palafolls (Barcelona) y en la actualidad presidente de NOSOTROS-Partido de la Regeneración Social.