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El exministro Campo se abstiene en 8 procedimientos del TC en 1 mes y piden su recusación en otros 10

El exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha abstenido en 8 procedimientos como magistrado del Tribunal Constitucional en menos de 1 mes de mandato y han pedido su recusación en otros 10 asuntos.

El Gobierno de Pedro Sánchez propuso a Campo, que fue ministro de Justicia entre enero de 2020 y julio de 2021, y a la ex alto cargo del Ministerio de Presidencia Laura Díez como nuevos magistrados del Tribunal de Garantías en la última renovación. Su elección fue muy polémica y expertos juristas advirtieron entonces de que el pasado inmediato de Campo como ministro iba a provocar problemas de operatividad en el Constitucional al tenerse que abstener en numerosos asuntos.

Según los datos del TC, a los que ha tenido acceso Libertad Digital, Campo ha decidido abstenerse en 6 procedimientos que el Constitucional estudiará en el Pleno de esta semana. Algunos de estos recursos están relacionados con los acuerdos de la Mesa del Congreso que dieron validez a las distintas fórmulas de juramento o promesa del cargo de los diputados que tomaron posesión para esta legislatura. Recordamos que Campo se debe abstener en todos los asuntos relacionados o que haya decidido su pareja, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.

También se ha abstenido en el asunto relativo a la retirada del escaño del exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, o en el procedimiento sobre los expedientes de los indultos a los golpistas del 1-O, que él mismo avaló siendo ministro de Justicia. Ambos se estudiarán en el Pleno de esta semana.

Respecto al Pleno anterior, Campo se abstuvo voluntariamente en otros dos casos. El relacionado con los recursos presentados por el PP contra la decisión de la presidenta del Congreso Batet de no permitir que el diputado popular Alberto Casero corrigiera su voto favorable a la reforma laboral en febrero de 2022. También se apartó de la impugnación de Vox sobre la ley del sólo sí es sí elaborada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

Recordamos que el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los jueces y magistrados deben abstenerse sin esperar a ser recusados tras «haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo».

Piden su recusación en otros 10 asuntos

Mientras tanto, el magistrado Juan Carlos Campo, el presidente del Constitucional Cándido Conde-Pumpido y la también magistrada izquierdista Inmaculada Montalbán se niegan a abstenerse en el recurso sobre la Ley del aborto que se estudia en el pleno de esta semana. Todo ello, tras la petición de recusación efectuada por un grupo de exdiputados del PP liderado por el exministro Federico Trillo.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular ha pedido la recusación esta semana del propio Campo y de la magistrada Laura Díez para apartarlos de otros ocho recursos al considerar que por sus anteriores trabajos como ministro de Justicia y alto cargo de Moncloa podrían haber participado «directa o indirectamente» en los mismos, así como por «amistad o enemistad manifiesta» con cualquiera de las partes.

Los populares piden apartar a Campo y Díez de los recursos de inconstitucionalidad, pendientes de resolución en el TC, contra la normativa catalana sobre proyectos lingüísticos y uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria; la ley de la eutanasia; la ley ‘ryder’; la ley Celaá; y el decreto-ley de 4 de mayo de 2021 sobre el estado de alarma por la pandemia de coronavirus. También les recusa respecto a las impugnaciones del decreto ley de 19 de enero de 2021, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, «al entender el PP que el Gobierno no respeta la propiedad privada y favorece la okupación»; y de la Ley de Presupuestos de 2021 que restableció el Impuesto de Patrimonio.

Asimismo, busca impedir que Campo y Díez conozcan del recurso contra la reforma legal que prohibió que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones —como el actual, que lleva más de cuatro años caducado— haga nombramientos discrecionales en la cúpula judicial. A Campo le recusa igualmente en relación a un noveno asunto, el recurso de amparo presentado por el PP contra las enmiendas sobre reforma de las leyes orgánicas del TC y del CGPJ, que se presentaron como parte de la reforma penal para eliminar la sedición y modificar la malversación.