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El fiscal Cadena cree que la violencia de los separatistas estaba prevista desde el principio

En su intervención en la segunda jornada del juicio por el proceso soberanista catalán, Fidel Cadena ha rebatido así los argumentos expuestos ayer por las defensas de que la causa supone una persecución del derecho a la libertad ideológica del independentismo.

Frente a las tesis de la defensa, el fiscal ha sostenido este miércoles que lo que se juzga en el Supremo no es una ideología determinada, sino un “plan concertado, organizado, minucioso”, en el que desde el Parlament se creó una “legislación paralela” para dar a la ciudadanía “la idea de que esos derechos fundamentales son ilícitos”.

En el marco de ese plan, ha añadido Cadena, la utilización de la violencia estaba prevista desde el comienzo, como apunta el documento Enfocats -incautado en la causa y que establecía la hoja de ruta unilateral a la independencia-, de forma que las personas eran “requeridas” para lograr “el último momento de desconexión con el Estado”.

Según Cadena, “se trata de una comunidad que desde la más absoluta unilateralidad” decidió separarse de España, en un “cóctel explosivo” al que se sumaban el “poder del uso coercitivo del derecho, el poder de unos Mossos d’Esquadra que se ponen completamente al lado de la rebelión” y, finalmente, de “murallas humanas que se lanzan contra las fuerzas de seguridad del Estado”.

De esa forma, ha añadido Fidel Cadena, “se incurre en violencia y en intimidación”, de forma que cuando se activó el artículo 155 de la Constitución “no existía otra posibilidad de llevar a cabo una vuelta a la legalidad”, lo que obligó a intervenir al derecho penal.

Para el fiscal, el plan de los líderes independentistas “tiene previsto desde el principio la subversión y la ruptura de la legalidad”, utilizando para ello “las masas como escudos humanos y los Mossos, que se incorporan al clan de la rebelión”.

Fidel Cadena ha destacado que la Constitución española, a diferencia de otras de Europa como la francesa, la alemana o la italiana, “no establece límites al debate político”, por lo que “a nadie se le pide que renuncie a su ideología”, siempre que la defienda por medios pacíficos.