El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dará instrucciones a los fiscales sobre la revisión de los delitos de sedición y malversación antes del informe sobre los condenados por el golpe del 1-O. El pasado 12 de enero entraba en vigor la reforma del Gobierno de Pedro Sánchez pactada con ERC para eliminar la sedición y suavizar la malversación en el Código Penal.
Los fiscales de la causa recurrían la semana pasada el auto de procesamiento del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre el expresidente catalán huido Carles Puigdemont y el resto de fugados. Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno alegaban en contraposición a Llarena que los hechos sentenciados sobre el golpe sí encajan en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados acuñado por el Ejecutivo.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que «Álvaro García Ortiz tiene previsto dictar un decreto de instrucciones de forma inminente para todos los fiscales sobre la revisión de los delitos de sedición y malversación en las causas que se vean afectadas tras la reforma del Gobierno. El fiscal general del Estado está preparando dichas instrucciones consultando a algunos fiscales, pero sin estudiarlo ante la Junta de Fiscales de Sala».
«Se espera que que García Ortiz respalde mayoritariamente el criterio establecido por los fiscales del 1-O en el recurso ante Llarena sobre los fugados, aunque no se descartan sorpresas para contentar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El marco normativo adecuado debería ser una circular para interpretar una reforma judicial y no un decreto de instrucciones, que se suele emplear para cuestiones más organizativas», añaden.
Mientras tanto, en las próximas horas, los fiscales del 1-O presentarán su informe de revisión sobre los ya condenados por el golpe: el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, y los que fueran líderes de la ANC y de Ómnium Cultural Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que «los fiscales del 1-O mantendrán en su informe de revisión de los condenados del 1-O las líneas maestras esbozadas en el recurso sobre el procesamiento de Puigdemont«. Es decir, defenderán la vigencia del delito de malversación agravada que mantendría la inhabilitación de Junqueras impidiendo su vuelta inmediata a la política. También se defenderá que los hechos del 1-O encajan en el delito de desórdenes públicos agravados, que evitaría la impunidad de los ‘Jordis’, condenados únicamente por sedición.
«Atentado contra la paz pública y violencia» en el 1-O
Los fiscales del 1-O recurrieron el auto de procesamiento del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, proponiendo procesar al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont y a los ex consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Llarena en su auto optaba por el delito de desobediencia, ya que la sedición ha sido derogada.
En su escrito de 9 páginas, los fiscales apuntaban que «el relato de hechos probados de la sentencia recoge en diversos pasajes hechos tumultuarios con resultado de alteraciones graves del orden público, dificultades y cortes en la circulación, invasión de instalaciones y edificios con grave afectación del funcionamiento de la Administración de Justicia y de los servicios esenciales de tales centros, actos de intimidación y violencia sobre personas y cosas, daños que se produjeron en numerosos momentos y escenarios, y sobre todo graves y, en ocasiones, violentos enfrentamientos de miles de ciudadanos movilizados a tales efectos con las fuerzas y cuerpos de seguridad en los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 con motivo de la celebración del referéndum ilegal».
