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El fiscal general debe «respetar» a la Junta de Fiscales del Supremo: la mayoría aprecia terrorismo en Puigdemont

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, deberá «respetar» la decisión mayoritaria de la Junta de Fiscales de la Sección Penal del Tribunal Supremo sobre la investigación al expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, por un delito de terrorismo en el caso de Tsunami Democrátic.

Este martes se celebra la citada reunión de la Junta de Fiscales del Supremo donde se analizará el borrador de informe presentado por el fiscal Álvaro Redondo, que rechaza la investigación al expresidente catalán fugado. Tal y como publicó LD, Redondo efectuó un primer borrador en el que sí apreciaba terrorismo en Puigdemont, pero cambió su criterio y mantuvo una reunión con el fiscal general del Estado.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que «la mayoría de los fiscales de la Sección Penal del Supremo son contrarios al segundo borrador de informe presentado por el fiscal Álvaro Redondo. Es decir, sí aprecian indicios de delito de terrorismo por parte de Puigdemont en el caso de Tsunami Democrátic y son partidarios de abrir en el Supremo una investigación contra el expresidente catalán fugado».

«La reunión de la Junta de Fiscales de la Sección Penal se espera muy tensa y el primero en tomar la palabra será Álvaro Redondo con el objetivo de defender su segundo borrador. Existe una gran decepción con su actuación y con su escandaloso cambio de criterio», añaden.

En su primer informe, Redondo afirmaba que «la participación de Puigdemont en las conductas consistentes en realizar actos que afectaron a dichos bienes jurídicos, con la evidente intención de atentar gravemente contra la paz pública y obligar a los poderes públicos, puede considerarse, al menos en este momento procesal, como ilícito penal, y concretamente como delito de terrorismo».

En el segundo documento, el fiscal del Supremo cambió 180 grados su apreciación y afirmó que «los indicios tenidos en cuenta por el instructor, en orden a elevar la exposición razonada, resultan demasiado abiertos, para poderse afirmar que concurre la situación procesal que permitiría, razonablemente, que el Tribunal Supremo asumiera la competencia».

Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que «el criterio de la mayoría de los fiscales se deberá imponer y por tanto, el fiscal Redondo tendrá que presentar un nuevo borrador de informe en consonancia al primero que efectuó en el que se avale la investigación al expresidente catalán fugado».

«Álvaro García Ortiz deberá respetar el veredicto de la Junta de Fiscales, lo contario sería un nuevo escándalo y una cacicada. Extremo que no se puede descartar ya que este asunto es capital para el Gobierno de Sánchez y para el propio García Ortiz. Por ello, se podría asignar el caso a la mano derecha del fiscal general, Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, que rechazaría la investigación a Puigdemont», concluyen.

Recordamos que el fiscal Redondo fue designado para informar a la Sala Penal del Supremo sobre la competencia y el contenido de la exposición razonada del caso de Tsunami Democràtic remitida por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. En la providencia en la que el Alto Tribunal pedía a la Fiscalía informar sobre este caso, se designaba además al magistrado Juan Ramón Berdugo como el ponente que deberá proponer a la Sala Penal si procede o no su admisión.

Este lunes, García Ortiz en un comunicado negaba haber «influido» en la decisión del fiscal Redondo. El propio fiscal del Supremo en otro comunicado afirmó que su segundo borrador lo efectuó antes de reunirse con el fiscal general, aunque no aclaraba su cuando cambió frontalmente su criterio y había sido convocado a la reunión de García Ortiz.

El fiscal Redondo, contrario a la Ley de amnistía

La actuación del fiscal Álvaro Redondo en este caso ha causado un gran estupor debido a la línea seguida durante años por este miembro del Ministerio Público sobre el golpe del 1-O y en últimos meses sobre la Ley de amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez. En un artículo en publicado en La Razón el pasado mes de septiembre titulado ‘La Amnistía en la doctrina del Tribunal Constitucional’, el fiscal afirmaba: «El Tribunal Constitucional nos explica todas las relevantes implicaciones de la adopción de una ley de Amnistía. Según dicha Corte, la adopción de una ley de gracia implica efectuar un juicio crítico, respecto de una etapa histórica superada, declarándose por la referida Ley que determinadas actuaciones, llevadas a cabo durante la época anterior, ya no resultan jurídicamente aceptables según los nuevos criterios constitucionales».

«Siendo todo ello así, de la referida doctrina podemos inferir que la actual Constitución Española prohíbe la adopción de nuevas leyes de Amnistía, manteniendo nuestro ordenamiento, exclusivamente, la vigencia de la Ley de Amnistía durante la Transición», añadía.