El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se niega a dimitir a pesar de su pasividad ante la Ley de amnistía sobre el 1-O presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez. García Ortiz argumenta que no puede marcharse porque está «en funciones».
La Asociación de Fiscales AF solicitaba este fin de semana durante su Congreso celebrado en Jerez la dimisión del fiscal general del Estado «por su pasividad en la defensa del Estado de Derecho, la efectiva separación de poderes y la independencia del Ministerio Fiscal». El propio García Ortiz asistió a la clausura de este encuentro y lo escuchó en directo. Este miércoles, seis vocales de la AF han solicitado García Ortiz un Pleno extraordinario del Consejo Fiscal para debatir y aprobar una declaración institucional sobre la ley de amnistía.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que «el fiscal general del Estado tomó la palabra tras escuchar la petición de dimisión de la mayoritaria asociación de fiscales y alegó que no podía dimitir porque se encuentra en funciones. El estatuto del Ministerio Fiscal no regula la posibilidad de dimitir cuando el fiscal general está en funciones como el Gobierno. Por ello, García Ortiz decidió salir al paso de la petición de su cese recurriendo a esta argumentación».
El estatuto del Ministerio Fiscal señala en su artículo 31 que «el mandato del Fiscal General del Estado tendrá una duración de cuatro años. Antes de que concluya dicho mandato únicamente podrá cesar por los siguientes motivos: a) a petición propia, b) por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta Ley, c) en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, d) por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, o e) cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto». Además, «el mandato del Fiscal General del Estado no podrá ser renovado, excepto en los supuestos en que el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años».
Las mismas fuentes fiscales consultadas por LD apuntan que «García Ortiz añadió ante los fiscales de la AF que el Ministerio Público se pronunciaría sobre la Ley de amnistía cuando existiera un texto definitivo a través de los cauces legales previstos. No obstante, el Ejecutivo socialista tramita la amnistía como proposición de Ley y no como proyecto de Ley para evitar los dictámenes de los órganos consultivos entre los que se encuentra el propio Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo de Estado».
Tal y como publicó este diario el pasado mes de septiembre, el silencio clamoroso del fiscal general del Estado sobre la negociación de Pedro Sánchez con el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, ya había provocado una gran indignación en la Fiscalía.
Según el Estatuto del Ministerio Fiscal, la Fiscalía tiene por misión «promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social». Además, por el principio de imparcialidad «el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados».
La respuesta de García Ortiz a los fiscales del 1-O
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha contestado este jueves la petición de amparo solicitada por los fiscales del 1-O Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno. En una misiva, García Ortiz responde que «cualquier posicionamiento del Ministerio Publico respecto de una futura amnistía (…) exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento».
«El posicionamiento, en todo caso técnico-jurídico, de la Fiscalía española se realizará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que se demanda nuestra intervención», añade. Según García Ortiz, el Ministerio Fiscal «debe respetar el principio de separación de poderes consustancial al Estado de Derecho y evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado«.
