El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ocultó un informe crítico con la Ley Trans para beneficiar al Gobierno de Pedro Sánchez. La norma elaborada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero establece, entre otras polémicas cuestiones, que el cambio de sexo registral se pueda realizar a partir de los 12 años.
Este jueves, la Ley Trans pasaba su primer examen en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo de PSOE y Podemos junto a sus socios rechazaba las dos enmiendas a la totalidad planteadas por PP y Vox. Por su parte, el Consejo Fiscal avalaba recientemente dicha Ley gracias al voto de calidad del propio fiscal general ya que 6 de sus 12 vocales contrarios a apoyar la norma emitían un voto particular.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital denuncian que «Álvaro García Ortiz ocultó un informe crítico sobre la Ley Trans elaborado el pasado mes de diciembre por la Fiscalía de la Sala Civil del Tribunal Supremo. El fiscal general tenía completo conocimiento de su existencia, ya que fue él mismo quién lo encargó cuando ocupaba el cargo de fiscal jefe de la Secretaría Técnica. El informe ignorado es muy minucioso, lo ha redactado un experto en la materia y pone en evidencia todas las deficiencias jurídicas de la Ley».
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que la Secretaría Técnica de la Fiscalía, que García Ortiz dirigía hasta que sustituyó a Dolores Delgado al frente del Ministerio Público, tenía que haber remitido el informe a la Inspección Fiscal. Posteriormente, la Inspección tenía que haber puesto en conocimiento de los vocales del Consejo Fiscal la existencia del mismo para poder estudiarlo y analizarlo antes de votar y avalar la Ley Trans».
Después de que el Consejo Fiscal respaldase la Ley Trans, algunos vocales conocieron la existencia del citado informe. Al preguntar al respecto al fiscal general del Estado, García Ortiz alegó que se había producido «un error» y por ello, no se había puesto el informe previamente en conocimiento de este organismo fiscal como es obligatorio. Cabe destacar que los informes de la Fiscalía, así como los del Consejo General del Poder Judicial CGPJ y los del Consejo de Estado sobre una Ley son preceptivos, pero no vinculantes.
«No es lo mismo tramitar una Ley conociendo que los organismos judiciales la avalan o no la avalan, ya que sus argumentos pueden influir en su tramitación. El hecho de que se ocultase un informe crítico de la Ley al Consejo Fiscal y que éste apoyase la norma, allana el camino al Gobierno. García Ortiz sigue estando al servicio del Ejecutivo como lo estaba Delgado«, apuntan.
Recordamos que el pasado mes de abril, el CGPJ aprobaba por unanimidad un informe demoledor sobre la Ley Trans. El Gobierno de los jueces mostraba su desaliento y ‘desesperación’ con la nueva Ley elaborada por el departamento de Montero y recordaba que esta nueva norma repite errores cometidos en anteriores leyes del Ministerio de Igualdad como la del ‘sólo sí es sí’. El CGPJ denunciaba la «discriminación» que sufrirán las mujeres si la Ley es tramitada sin aceptar sus propuestas y lamentaba la duplicidad de leyes o la invención de palabras.
Enchufa a Delgado y sigue su senda
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya ha protagonizado varias polémicas en el poco tiempo que lleva al frente del Ministerio Fiscal. La primera fue enchufar a su predecesora Dolores Delgado como nueva fiscal de Sala Militar. Delgado conseguía así el ascenso a la cúpula judicial después de que el PSOE retirase la enmienda que la ascendía de categoría al finalizar su mandato.
Además, García Ortiz no renovaba a Miguel Ángel Carballo como teniente fiscal de la Audiencia Nacional y designaba en su lugar a la fiscal Marta Durántez, experta en Siniestralidad Laboral y que desempeñó también su labor como fiscal de la Sección Antidroga de la Fiscalía Provincial de Pontevedra. Precisamente, el actual fiscal general coincidió con Durántez en Galicia y posteriormente, la fichó en 2020 para la Secretaría Técnica del Ministerio Público que dirigía.
