El fujimorismo busca derribar al ministro de Economía de Perú

Thorne se presentó el viernes pasado ante el pleno del Congreso para aclarar el contenido de un audio que la prensa había publicado, en el que se le escuchaba conversar con el contralor general de Perú, Édgar Alarcón. Algunas frases extraídas del diálogo daban a entender que el ministro intentaba extorsionar a Alarcón a pedido del presidente Pedro Pablo Kuczynski para obtener un informe favorable en la auditoría que la Contraloría (Tribunal de Cuentas) realizó sobre el proyecto del aeropuerto de Chinchero (Cuzco).

Para impulsar la construcción de esta terminal aérea, el Gobierno suscribió una controvertida adenda, que modificó el contrato original. Ahí se comprometió a asumir la financiación de la obra, alterando sustancialmente la naturaleza del acuerdo, firmado como una asociación público-privada. Tanta fue la polémica que el proyecto debió quedar en suspenso, forzando incluso la renuncia del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra.

Aunque después se publicó la versión íntegra del audio entre Thorne y el contralor Alarcón, y quedó demostrado que —a pesar de algunas frases desafortunadas— el intento de extorsión no se había producido, el Congreso de mayoría opositora exigió explicaciones. En su presentación, el ministro declaró que él no había realizado la grabación y que el presidente Kuczynski nunca le dio instrucciones para abogar por Chinchero. Al final de la sesión, Thorne aseguró: “Si el Congreso me renueva la confianza, seguiremos trabajando juntos para impulsar el país, como lo hemos venido haciendo. De lo contrario, daré inmediatamente un paso al costado, como corresponde según la Constitución”.

Las explicaciones no acallaron a la oposición, que en todo momento ha exigido la renuncia de Thorne. Su respuesta (que por su formulación pasó inicialmente desapercibida) fue el pedido de confianza, un mecanismo que se ha usado contadas veces en los años recientes, aunque en Perú existe desde mediados del siglo XIX. Con él, además de dejar claro que no renunciará, el ministro de Economía fuerza al Congreso a decidir sobre su futuro y a asumir la responsabilidad política de su eventual salida.

Aliado con el fujimorismo en este caso, el parlamentario del Partido Aprista Mauricio Mulder adelantó la opinión sobre el pedido de Thorne al Parlamento: “Nos facilita el trabajo. No tendremos que presentar una moción de censura e igualmente se tendrá que ir a su casa”.

Continuidad del contralor

El Legislativo tiene entre sus manos la continuidad del ministro de Economía, pero también la del contralor Alarcón. Acusado de numerosas irregularidades durante su actuación como funcionario, el segundo protagonista de este altercado lleva semanas en el ojo de la tormenta, lo que ha desencadenado la instalación de una comisión investigadora para evaluar las denuncias en su contra. La respuesta de Alarcón, señalado por el oficialismo como el responsable de grabar la conversación que ha puesto a Thorne en la cuerda floja, ha sido una acusación constitucional por presunta interferencia contra el ministro de Economía.

Para Carlos Bruce, portavoz del partido de Gobierno, se trata de “una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza, y que intenta ser un distractor del procedimiento que recién se va a iniciar contra él. Si hay alguien que debería ser acusado constitucionalmente es él [Édgar Alarcón]”.

Estos juegos se entienden dentro que la pugna que Pedro Pablo Kuczynski y el Congreso de mayoría fujimorista sostienen desde inicios de este periodo presidencial, que ya se ha cobrado a dos ministros. El primero fue Jaime Saavedra, responsable de la cartera de Educación, que resultó censurado en diciembre del año pasado. El segundo fue Martín Vizcarra, quien a la sazón es el primer vicepresidente de la república.

Mientras espera que la suerte de Thorne sea echada, el Gobierno peruano comienza a prepararse para un nuevo pulso con la oposición. Hace una semana, mientras la continuidad del ministro de Economía y Finanzas comenzaba a discutirse, el pleno del Congreso aprobó un nuevo pedido de interpelación; esta vez, contra el ministro del Interior, Carlos Basombrío.

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