Una de las ramas de la investigación del caso Mediador o Tito Berni se ha centrado en el general Espinosa por su evidente importancia en el acceso a las fuentes de financiación de la presunta trama corrupta. El general estaba vinculado a la Fundación Internacional Iberoamericana –dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez– durante su tiempo de destino en el Sahel. Gracias a ello ofreció proyectos de hasta 35 millones de euros centrados en la inversión en paneles solares en países como Mozambique o Cabo Verde. Él anunciaba que su comisión se elevaba al 10%, según las conversaciones intervenidas por la policía judicial. Y en el chequeo de bienes realizado bajo orden judicial, se ha descubierto que el general figura empadronado en Madrid en un piso de la Asociación Pro huérfanos de la Guardia Civil.
El Juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado un chequeo masivo de los bienes del general inmerso en la trama del Tito Berni en distintos países de Europa y África. También ha reclamado la misma investigación de los bienes de su familia –mujer y dos hijos–. Lo ha hecho ante la sospecha de que contratos firmados y pagados por la Fundación Iberoamericana del Gobierno de Pedro Sánchez –en cuyo patronato se encuentran Nadia Calviño, Pilar Llop, José Manuel Albares y 14 secretarios de Estado– hubieran tenido una mediación del mencionado general y se saldaran con una comisión para él. El Juzgado ha confirmado ya que el general alias ‘Papá’ entre los miembros de la trama ofrecía un proyecto de placas solares de 35 millones en Mozambique y Cabo Verde del que pretendía quedarse una comisión del 10%, según las grabaciones y conversaciones intervenidas judicialmente. Y lo hacía aprovechando su destino al Sahel en aquella etapa.
Dentro de esa investigación, el Juzgado ha confirmado ya algunos de los bienes usados o propiedad del general ya retirado. «General de División de la Guardia Civil Francisco ESPINOSA NAVAS», señala el informe remitido por la policía judicial al Juzgado. Allí se incluye que «figura domiciliado» en una buena calle de Madrid cercana a Guzman el Bueno, «constituyendo este inmueble una vivienda oficial de la Dirección General del Cuerpo». Pero, «además del domicilio reseñado, el general se encuentre vinculado a los siguientes inmuebles»: El primero de ellos igualmente se encuentra en una buena zona de Madrid cercana a Príncipe de Vergara «donde figura empadronado. Se trataría de un inmueble propiedad de la Asociación Pro huérfanos de la Guardia Civil», destaca el informe.
Otros dos inmuebles figuran en el listado: otro más en una muy buena calle madrileña, «según consta en al base de datos de la Dirección General de Tráfico». Y el último en «Punta Umbría (Huelva)». «Los dos últimos inmuebles consignados son propiedad de Espinosa Navas, junto a su esposa«, señala el informe.
Una trama a gran escala
Lo cierto es que la relación del general Espinosa con la Fundación Internacional Iberoamericana –dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez– se confirma día a día como clave en la investigación de caso Tito Berni o caso Mediador. La Justicia investiga ya, por ejemplo, cuatro contratos que suman más de dos millones de euros, principalmente centrados en drones y avituallamiento. Fueron pagados por la fundación en cuestión y los investigadores sospechan que el general pudo cobrar comisiones por su tramitación. El Juzgado teme que se tratase de una trama a gran escala. Y es que ya sabe que el general llegó a ofrecer un gran proyecto de inversión en energía solar en Mozambique y Cabo Verde.
El Juzgado de Instrucción nº 4 de Tenerife ha encontrado pruebas de los planes de expansión del negocio presuntamente corrupto de la trama del Tito Berni: pasaban por ampliar el esquema ya empleado con fondos en el Sahel concretamente en los países del área del Cuerno de África, donde se encuentran Somalia, Kenia, Etiopía, Sudán, Yibuti, Eritrea o Uganda. Quien lo ofrecía era el general Espinosa, el mismo que, según la investigación, pudo mediar para conseguir otros contratos en el Sahel de la Fundación Internacional Iberoamericana perteneciente al Gobierno.
Las conversaciones interceptadas en la investigación del caso han confirmado «una grabación en su teléfono móvil» donde el general «prometió la instalación de placas solares en Mozambique y Cabo Verde por 35 millones de euros y de lo que se llevaría el general un10% por gastos de representación». Pese al ofrecimiento, el empresario no aceptó el proyecto en cuestión porque «se asustó por la peligrosidad en África y finalmente esto no llegó a puerto», tal y como describen los documentos en poder judicial.
