Toda la cautela que el Gobierno ha mostrado a la hora de valorar las críticas del expresidente socialista , Felipe González, se la ha saltado en cuanto que su sucesor en el cargo, José María Aznar, ha osado criticar la ley de amnistía que está en el centro de las negociaciones entre el PSOE y JxCat.
Que el exjefe del Ejecutivo entre 1996 y 2004 haya pedido una rebelión contra la norma es para el Gobierno de «absoluta gravedad». La portavoz de la Moncloa, Isabel Rodríguez, le ha acusado de «comportamientos antidemocráticos y golpistas«. Incluso, elevando el lenguaje guerracivilista, ha preguntado al PP si estamos ante «la llamada de un Alzamiento», en clara alusión a 1936.
Fuentes de la Moncloa han justificado la gravedad de las acusaciones contra Aznar porque dicen que ha hablado de «rebelión nacional» pese a que el expresidente lo ha comparado con el espíritu contra ETA y ha hablado de «energía cívica».
Rodríguez ha pedido al actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, una «rectificación» por lo que «representa la figura» del que fuera jefe del Ejecutivo pese a que en la Moncloa creen que «sus declaraciones no tienen ningún valor político y moral». «Tiene poca credibilidad» al «haber utilizado el mayor atentado en nuestro país», ha añadido la portavoz en alusión al 11-M.
Eludiendo hablar de la amnistía
El Gobierno ha aprovechado las afirmaciones de Aznar para evitar rendir cuentas sobre la posible ley de amnistía que está negociando con Junts. «Nuestra senda, para tranquilidad de los españoles, pasa por el marco constitucional«, ha terciado Rodríguez evitando aclarar si considera que la norma podría ser constitucional. Un debate jurídico en el que los socialistas no quieren entrar.
El Ejecutivo promete que, tras la investidura de Feijóo, es cuando darán cuenta de las negociaciones con los separatistas. «Cuando nos toque, nos explicaremos con absoluta transparencia», ha añadido la portavoz que también ha lanzado balones fuera cuando le han preguntado si, en otro giro argumental, también piensan que el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, debería volver a España a rendir cuentas ante la justicia como sostenían hasta las pasadas elecciones generales. «Es el momento de la política para continuar desde una senda que nos permita seguir avanzando», se ha limitado a señalar.
