El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León «en relación con cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior», explica Moncloa en un comunicado.
Este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León se refiere a cualesquiera actuaciones -incluidas aquellas constitutivas de vía de hecho-, que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y el RD 1825/2010, de 25 de marzo, que lo desarrolla. La Junta tiene un plazo de un mes para contestar. De no hacerlo, el Gobierno podrá acudir al Tribunal Constitucional.
En rueda de prensa, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha tildado de «insuficientes» y «contradictorias» las explicaciones de la Junta castellanoleonesa. «No cabe instruir a los médicos en esta materia ni sugerir a las mujeres este tipo de iniciativas», ha añadido Rodríguez, que recuerda al Gobierno regional que no puede excederse en sus competencias para hacer efectivo un protocolo que el Ejecutivo considera un «tropelía».
Sánchez se pronuncia
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la actuación del Ejecutivo ante el protocolo para abortos en Castilla y León porque afirma que la administración castellano-leonesa no está siendo clara y vulnera una ley estatal como la de la interrupción voluntaria del embarazo.
Sánchez, en una conversación informal con los periodistas que cubren su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, recalca que no ha habido claridad alguna por parte de Castilla y León y no se trata de que el protocolo que han anunciado sea voluntario u obligatorio, porque cree que es en lo que se está escudando el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.
Para Sánchez, lo anunciado por Castilla y León vulnera una ley estatal como la que regula la interrupción voluntaria del embarazo y por eso el Gobierno debe responder ante ello.
