El Consejo de Ministros aprobará este martes un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León «en relación con cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior», explica Moncloa en un comunicado.
Este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León se refiere a cualesquiera actuaciones -incluidas aquellas constitutivas de vía de hecho-, que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y el RD 1825/2010, de 25 de marzo, que lo desarrolla. La Junta tiene un plazo de un mes para contestar. De no hacerlo, el Gobierno podrá acudir al Tribunal Constitucional.
En 2019, el Consejo de Ministros aprobó un requerimiento de las mismas características dirigido a la Generalidad en relación con su plan de política exterior.
Este procedimiento, previsto en el art. 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, tiene por objetivo velar por el reparto competencial entre administraciones previsto en la Constitución.
