El Gobierno aportará a las comunidades 5,6 euros más de media por dependiente

El Gobierno y las comunidades autónomas han pactado este jueves aumentar las cuantías del nivel mínimo de protección a las personas dependientes, el único de tramo estatal, en más de un 5%, lo que supondrá un incremento de 5,6 euros mensuales de media por cada beneficiario.

Lo han hecho en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, presidido por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, que ha cifrado en 69 millones el aumento total de este tramo.

Según el acuerdo, la partida que recibirán las comunidades por prestación de servicios a las personas dependientes de Grado I (dependientes leves) aumentará 3,05 euros, al pasar de 44,33 a 47,38 euros; la de Grado II (dependientes moderados) sube 1,65 euros al situarse en 84,49 euros frente a los 82,84 anteriores, y la de Grado III se incrementa 12,27 euros (de 177,86 a 190,13 euros).

Retroactivo a 1 de enero del 2017

La intención del departamento que dirige Montserrat es que este incremento pueda ser retroactivo a 1 de enero de 2017, algo en lo que está trabajando conjuntamente con Hacienda.

Otro de los avances principales de la reunión, a la que no ha asistido Catalunya, garantiza “el empleo de más de 17.000 personas” al modificar los criterios de acreditación de los cuidadores, con el fin de evitar que el próximo 31 de diciembre quienes no cumplan requisitos de formación y experiencia demostrada quedaran desempleados.

Así, se ha acordado que la habilitación excepcional, aquella que se otorga si se demuestra una formación y horas trabajadas mínimas, no será solo a los mayores de 55 años, como ocurría hasta ahora.

Primera revisión de la ley en 10 años

Gobierno y comunidades han aprobado por unanimidad el informe de la Comisión para el Análisis de la situación actual del Sistema de la Dependencia, en el que se apela a recuperar la financiación perdida con el recorte del 2012 y que esta tenga además carácter finalista.

Un pacto que, según Montserrat, es “histórico” porque supone la primera vez que se revisa la ley de dependencia en los 10 años que lleva en vigor y que se ha alcanzado desde la “lealtad institucional” y el “compromiso” de diálogo con las comunidades que adquirió el Ejecutivo al inicio de la legislatura.

Con fecha 31 de agosto de 2017, en España había 1.226.738 de beneficiarios con derecho, aunque solo recibían prestación efectiva 915.929, quedando en lista de espera 310.809, según el informe, que cifra en 7.986 millones de euros el coste del sistema a 31 de diciembre del pasado año.

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