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El Gobierno cambia su propia reforma del Poder Judicial para hacerse ya con el control del TC

El PSOE presentará este viernes en el Congreso una proposición de ley para ‘autocorregirse’ en la reforma que impulsó en marzo del pasado año impidiendo hacer nombramientos discrecionales al Consejo General del Poder Judicial mientras esté en prórroga de mandato.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere llevar a cabo a toda costa en pocas semanas la renovación parcial del Tribunal Constitucional, que en esta ocasión corresponde al propio Gobierno (dos magistrados) y al CGPJ (otros dos). Y ha optado por volver a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el órgano de gobierno de los jueces pueda realizar ya la elección de los miembros del TC que le corresponden.

Se mantendrá, sin embargo, la prohibición de designar a magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de tribunales superiores y audiencias. Esta medida, que busca presionar el PP, empieza a generar una seria preocupación en el CGPJ porque perjudica el funcionamiento de la mayoría de las Salas del Supremo.

Prescindir del PP

La decisión tomada por Pedro Sánchez sortea el acuerdo con el PP para renovar el CGPJ.

Fuentes del partido de Núñez Feijóo aseguran que el Gobierno no les ha informado de esta contrarreforma, cuya única finalidad es permitir la elección de los cuatro magistrados que sustituirán a los que terminaron su mandato el pasado día 12.

[El TC entra ya en prórroga y el Gobierno da al PP un ultimátum para renovarlo con el CGPJ: en julio]

«No podemos dejar que el PP siga bloqueando, incumpliendo la ley y la Constitución», afirman fuentes del entorno del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, encargado por Pedro Sánchez de la renovación de las instituciones.

Estas fuentes aseguran que el plan A del Gobierno era llegar a un pacto con el PP para llevar a cabo la renovación del CGPJ e inmediatamente después proceder al cambio el TC.

«Pero el PP está dando largas», aseguran fuentes del Gobierno, que se quejan de que los contactos con Esteban González Pons son «cero».

El pasado día 13 el PP anunció públicamente que estaba dispuesto a renovar el órgano de gobierno de los jueces y que en el plazo de un mes enviaría al Ejecutivo una propuesta con medidas para reforzar la independencia de la Justicia.

Sánchez, sin embargo, ha decidido no esperar a la propuesta de los populares y ha dado este paso unilateral que vuelve a poner en riesgo el cambio del CGPJ. La institución se encuentra en prórroga de mandato desde diciembre de 2018.

Moncloa no se fía de que la nueva directiva del PP tenga una voluntad real de renovar el CGPJ y prioriza el cambio del TC porque con los cuatro nuevos magistrados dará el vuelco a la mayoría conservadora del Constitucional: del 7-5 actual a favor del grupo conservador se pasará al 7-5 a favor del sector progresista.

Controlar la mayoría del TC es vital para el Gobierno de Sánchez, que ha recibido severos varapalos del tribunal, particularmente en lo que se refiere a la legislación articulada para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

El TC tiene, además, sobre la mesa asuntos de alto voltaje político y social, como la ley Celaá de educación, la ley que permite la eutanasia, la regulación del aborto o la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

En manos de los nacionalistas

El Congreso tramitará la nueva modificación legal por el trámite de urgencia, por lo que espera que esté aprobada en cuestión de semanas.

Según el Gobierno, hubiera sido posible designar exclusivamente a los dos magistrados que le corresponden y obviar a los dos que tiene que nombrar el CGPJ. Pero Moncloa sabe que el TC no daría el preceptivo plácet a la incorporación de sólo dos magistrados porque la Constitución prescribe que el tribunal debe renovarse por tercios, es decir, de cuatro en cuatro jueces.

Imponer una renovación incompleta del TC hubiera supuesto un enfrentamiento institucional. Sánchez ha preferido la vía de la contrarreforma, cuya aprobación, no obstante, exige mayoría absoluta del Parlamento, lo que le obligará a buscar el apoyo de las minorías nacionalistas.

Fuentes de Unidas Podemos han asegurado que tampoco han sido informados por el socio mayoritario de la coalición de Gobierno y afirman que han conocido esta contrarreforma por los medios de comunicación.

 

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