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El Gobierno confía en García Ortiz para aplacar la decisión «consultiva» de los fiscales del Supremo sobre Puigdemont

La decisión de la Junta de Fiscales del Supremo pilló al Gobierno en plena rueda de prensa con una portavoz, Pilar Alegría, que hacía malabarismos dialécticos para evitar posicionarse del todo. «Nuestro respeto a los criterios jurídicos al igual que mostraremos nuestro respeto final a la decisión que adopte el Ministerio Fiscal», añadía al final de la comparecencia de cada martes en la Moncloa. Tampoco se quería mojar en exceso el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a su llegada al Senado donde empezaba la decisión de la Junta de Fiscales dentro de la «normalidad democrática«

Que 12 fiscales frente a 3 hayan apreciado delitos de terrorismo es un varapalo al Gobierno de Pedro Sánchez que, en los últimos días, en un guiño hacía Junts, no paraba de repetir que «el independentismo no es terrorismo». En Moncloa la decisión de los fiscales no les pilla por sorpresa pero le restan importancia ya que recuerdan que la Junta de Fiscales del Supremo es «un órgano consultivo» y que la fiscalía «es una decisión jerárquica».

O lo que es lo mismo: la decisión final dependerá del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, nombrado por el Gobierno. Hace unos años, durante una entrevista en RNE, Pedro Sánchez ya dejó claro qué piensa de la independencia del Ministerio Fiscal preguntándole al entrevistador: «¿De quién depende la fiscalía?» Ahora, la pregunta vuelve a sobrevolar una decisión que el Ministerio público tendrá que remitir al juez.

Un fiscal «conservador» que cambia de criterio

En Moncloa tratan de ocultarse un poco más que Sánchez y, tras mostrar el respeto por la Junta de Fiscales, afirman que «el criterio que tenga la fiscalía no puede anticiparse» pero, dada la importancia que este asunto tiene para el Gobierno ya que puede irritar a Junts, es casi imposible que se distancie del que sostiene en privado Álvaro García Ortiz.

En el Gobierno elogian al fiscal Álvaro Redondo, el fiscal del Supremo que apreciaba delito de terrorismo y que, tras reunirse con el fiscal general, cambió de criterio en apenas 72 horas. En Moncloa recuerdan que es un fiscal «conservador», obviando su reunión secreta con García Ortiz, y que elaboró un documento donde no se apreciaba terrorismo en las acciones de Tsunami Democrático pese a que dejaron a un policía incapacitado.

Pese a la decisión mayoritaria de los Fiscales, en Moncloa no piensan cambiar el guion de sus guiños a Junts y ya advierten que Sánchez seguirá asegurando que «el independentismo no es terrorismo» porque lo que es «terrorismo lo tenemos muy claro después de lo que hemos sufrido en este país».

A vueltas con la Lecrim

El Gobierno parece depositar todas sus esperanzas en García Ortiz pese a que la decisión final de si hay que imputar a Puigdemont por terrorismo recaerá en el juez. Sólo así se podría frenar a un Junts que parece reacio a seguir respaldando al Ejecutivo de Sánchez y a apoyar a la ley inaugural de la legislatura: la ley de Amnistía.

En el Gobierno tratan de atraer a Carles Puigdemont con una reforma de la Lecrim (Ley de Enjuiciamiento criminal) para acortar los plazos de instrucción de los casos. «Es un tema que está encima de la mesa», reconocía la portavoz Pilar Alegría, pero que ponía la pelota en «el diálogo y las negociaciones» de los Grupos Parlamentarios y no del Gobierno. Es decir, cualquier modificación se hará sobre una proposición de Ley que registren los partidos para agilizar la tramitación parlamentaria.