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El Gobierno copia al PP la medida de avalar las hipotecas con el ICO y enfada a Sumar

La decisión del Gobierno de que el Ministerio de Vivienda firme con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) 2.500 millones de euros en avales para la compra de la primera vivienda a los menores de 35 años y a familias con menores ha levantado una polvoreda a izquierda y derecha. Por un lado, el Partido Popular acusa al Ejecutivo de «copiar» las líneas de avales que ya tienen en marcha comunidades autónomas como Madrid, Andalucía y Murcia –gobernadas por el PP–, mientras que, desde Sumar, Yolanda Díaz, ha llegado a afirmar que la medida va «en dirección opuesta al espíritu de la ley de vivienda».

El objetivo declarado por el PSOE, impulsor de la medida, es lograr que no se tenga que destinar más del 30% del salario al pago del alquiler o la hipoteca. Mediante esta fórmula, que el Ejecutivo anunció y aprobó en mayo pasado, antes de las elecciones generales, se avalará hasta el 20% del importe del crédito y se aspira a beneficiar a más de 50.000 personas.

Los compradores, que no podrán tener otra en propiedad, deben ser personas físicas cuyos ingresos individuales no superen los 37.800 euros brutos al año y la vivienda deberá ser la residencia habitual. Con respecto al precio de las viviendas avaladas, ha explicado que el límite se recogerá en el convenio que se firme con el ICO y dependerá de la ubicación de la misma. Además, se podrá modificar después por la comisión de seguimiento que se creará al respecto en función de la evolución del mismo.

Sin embargo, desde el PP señalan que, más allá del supuesto plagio, se trata de una medida que es «pura propaganda electoral» ya que «ni siquiera» se han iniciado las negociaciones con el ICO y las entidades financieras para la ejecución de estas ayudas. «No nos preocupa que el Gobierno nos copie, nos preocupa que siga haciendo anuncios en campaña que luego no cumple cuando se cierran las urnas», declaró la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible y responsable de Vivienda del PP, Paloma Martín.

Desde Génova lamentaron que el Gobierno utilice la vivienda como «un comodín» en las campañas electorales cuando se trata de una materia «tan sensible» para el proyecto de vida para jóvenes y familias. En este sentido, recordaron que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió antes de las elecciones generales «más de 180.000 viviendas» y sin embargo el parque construido es «ínfimo». «Ahora aparece con esta medida copiada, en plena campaña de las autonómicas de Galicia, después de casi seis años en el Gobierno y sin haber mejorado en nada las posibilidades de los jóvenes» ha insistido Martín.

Una medida que no gusta en Sumar

Los avales no han gustado a Sumar, que ha mostrado su discrepancia. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, cree que va a provocar nuevas subidas del precio de la vivienda y otros miembros de la formación tachan la medida de «parche» y aboga por regular los precios abusivos, construir vivienda pública y frenar la especulación.

En declaraciones a la prensa antes de participar en una mesa de diálogo social para abordar la discriminación del colectivo LGTBI en las empresas, Díaz ha reconocido «discrepancias» con el PSOE, pues los socialistas «priorizan la compra de vivienda en el ámbito privado», frente al fomento de la garantía del alquiler que quiere impulsar Sumar.

La vicepresidenta ha subrayado además que fomentar la compra es una «política fallida». «Es evidente que el fomento de la compra de vivienda, además amparado con el aval del 20% de capitales de rentas públicas, va a tener un impacto probablemente de seguir subiendo el precio de la vivienda«, ha advertido. Díaz ha criticado especialmente que no se hayan publicado aún los índices de referencia en las zonas tensionadas, incumpliendo de este modo el compromiso recogido en el acuerdo de Gobierno para publicarlos de manera inmediata.

El presidente de la patronal de promotores inmobiliarios APCE, Juan Antonio Gómez-Pintado, ha calificado de buena noticia la nueva línea de avales y ha indicado que sería una torpeza si el ICO y los bancos no llegan a un acuerdo para dar solución a una gran parte de los jóvenes que no tienen capacidad de ahorro pero sí solvencia. El sindicato de inquilinos los ve ineficaces para facilitar el acceso a la vivienda y la organización de consumidores Facua considera que solo benefician a la banca.