El Gobierno da un ultimátum de 48 horas a la Generalitat antes de intervenir sus cuentas por el 1-O

El ministerio de Hacienda asumirá los pagos de las nóminas, la sanidad, la educación y servicios sociales de la Generalitat para frenar a un Govern que “va a su aire”. El Consejo de Ministros ha tomado esta decisión para “garantizar que ni un euro irá a pagar algo ilegal, que se cumplirá la estabilidad presupuestaria y que todo el mundo cobrará en plazo, pese a la incertidumbre provocada por la Generalitat”, según ha explicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras la reunión del Gobierno.

Se trata de “un sistema de pago novedoso”, que se pondrá en marcha de inmediato dando un plazo de 48 horas al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que adopte un acuerdo de no disponibilidad de su presupuesto en lo que se refiere a las nóminas, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Si en ese plazo, Puigdemont no firma el acuerdo, Montoro lo hará en su lugar, según ha explicado el propio ministro.

El nuevo mecanismo implica que la Generalitat deberá comunicar todos los créditos pendientes al Ministerio y certificar que no financia nada para el referéndum

Esta decisión que ha sido tomada por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que se ha reunido esta mañana y “ante la ilegalidad” de la Generalitat “ha establecido un sistema de control de pagos que garantizará los servicios en Catalunya”. El nuevo mecanismo implica que la Generalitat deberá comunicar todos los créditos pendientes al Ministerio y certificar que no financia nada para el referéndum. Luego el Estado se hará cargo de las facturas y “pagará directamente a los acreedores”.

Así, la Generalitat no podrá hacer ningún pago acreditado, pues todas las operaciones de endeudamiento, incluidas las cerradas a corto plazo, tendrán que ser aprobadas por el Ministerio. “Hemos tenido que tomar esta decisión porque no podemos confiar en unas autoridades que van a su aire”, ha resaltado el ministro. “Lo que están haciendo no es admisible. No es legítimo ni fiable”, ha remachado.

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo , y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo , y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
(Ángel Díaz / EFE)

La idea de hacerse cargo de las facturas de la Administración catalana es la menos grave de una serie de posibilidades contempladas en la ley de estabilidad presupuestaria. Al Gobierno central aún le quedan otros cartuchos como el de enviar a los hombres de negro a la Conselleria d’Economia, es decir, poder a un grupo de expertos a auditar in situ las cuentas de la Generalitat o la de cerrar el grifo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) lo que implicaría dejar al Govern sin efectivo para hacer frente a sus gastos corrientes.

La decisión de Hacienda se produce después de que ayer el conseller d’Economia, Oriol Junqueras, enviase una carta al ministro explicando que ya no remitiría cada semana los justificantes de gastos. El Gobierno central demandó a la Generalitat que enviase ese listado para comprobar que no se gastase dinero público en la organización del referéndum.

La decisión de Hacienda se produce después de que ayer Junqueras enviase una carta al ministro explicando que ya no remitiría cada semana los justificantes de gastos

Era la manera de dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Constitucional que establece que queda anulada la partida presupuestaria que la Generalitat había previsto para sufragar los gastos de la consulta y con la que se pretendía, entre otras cosas, pagar las urnas, las papeletas, la publicidad o el coste de la aplicación informática para contar el resultado del plebiscito.

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