El futuro del Gobierno de Pedro Sánchez está en manos del Tribunal Supremo por la Ley del ‘sólo sí es sí’, elaborada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.
La entrada en vigor de la citada Ley ha provocado la reducción de penas y excarcelaciones de abusadores y agresores sexuales en toda España en los últimos días. La razón principal es que el delito de abuso sexual se absorbió en el de agresión sexual y eso obligó a rebajar el límite mínimo de las penas. El Ejecutivo desoyó las advertencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ahora el Supremo tendrá que posicionarse al respecto.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que «el Supremo podría pronunciarse sobre la revisión de penas derivadas de la entrada en vigor de la Ley del ‘sólo sí es sí’ en un plazo de 1 o 2 meses como máximo. Se tendrá que estudiar cada caso de forma independiente porque cada uno es diferente, aunque existen criterios comunes».
«Existen tres vías para que el Supremo se pronuncie. La primera, tras la resolución de los casos que efectúen los correspondientes Tribunales Superiores de Justicia regionales, que podría demorarse durante meses. La segunda vía, más rápida que la primera, sería a través de los recursos de casación que ya tiene pendientes de resolver el Supremo, y en los que se debería aplicar la nueva Ley. Por último, a través de las revisiones de condenas que se presenten directamente ante el Alto Tribunal».
Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que «la jurisprudencia podría formarla el Supremo al resolver el primer caso con un tribunal de 5 magistrados. Si los 5 magistrados están de acuerdo con la decisión, no sería necesario en principio que se convocara un Pleno de la Sala Penal del Supremo para estudiar la decisión».
«El Supremo debe determinar, entre otros aspectos, si avala las revisiones de pena efectuadas en los tribunales tras la entrada en vigor de la Ley analizando tres supuestos principales. El primero, si el juez en su sentencia acordó de forma específica que se impusiera la pena mínima al condenado. En segundo lugar, si el subtipo de delito por el que fue condenado el reo ha desaparecido en la nueva Ley y finalmente, si el juez impuso una pena que no fuese la mínima del tipo penal. Por ejemplo, una pena de 8 años cuando la horquilla era de 6 a 12 años», añaden.
En este contexto, si el Supremo avalase la revisión de las penas en los casos en los que el juez especificó que se debía imponer la pena mínima que con la nueva Ley se ha rebajado o bien porque el subtipo penal ha desaparecido, el aluvión de revisión de condenas continuaría y podría tumbar al Gobierno de Sánchez. «El Ejecutivo posiblemente se vería obligado a enmendar la Ley y diseñar una contrarreforma de la misma que podría tener difícil encaje constitucional», apuntan.
«Los casos en los que se ha aplicado la nueva Ley y se han rebajado las penas sólo podrían ser revisados ante el Supremo si algunas de las partes recurre. No obstante, siempre se deberá tener en cuenta que el Código Penal obliga a aplicar al reo la Ley que más le favorezca con retroactividad«, subrayan.
Tal y como publicó este diario, el Ejecutivo podría haber evitado este lío monumental si hubiera atendido las 3 advertencias que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denunció en su informe sobre el anteproyecto, aprobado por unanimidad en el Pleno de febrero del año pasado. El Consejo de Ministros ignoró las advertencias del CGPJ, a pesar de que entre los ministros hay tres jueces: la ministra de Defensa Margarita Robles, la ministra de Justicia Pilar Llop y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El PSOE pone el foco en el Supremo
Mientras tanto, en el PSOE esperan que el Supremo acabe por sentar una jurisprudencia restrictiva, contraviniendo las actuales sentencias de los Tribunales Provinciales de Madrid o Barcelona. «De lo contrario, actuaremos», prometen en la dirección del partido, algo que también está en sintonía con el Gobierno donde esperarán a ver lo que dicta el Alto Tribunal para hacer modificaciones en la norma.
En el partido creen que el Supremo podría tardar hasta un año en «unificar doctrina» pero en La Moncloa confían en acortar los plazos y que sea «en unos meses». Incluso se atreven a aventurar que en unas semanas ya habrá las primeras sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. En el Gobierno tienen puestas las esperanzas en las actuaciones de estos magistrados para acabar con el goteo de casos y ponen como ejemplo la actuación de los jueces en La Rioja donde han rechazado modificar a la baja varias condenas.
