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El Gobierno defiende ahora la «coherencia» de impugnar leyes separatista tras criticar durante años «la judicialización»

El Gobierno ha estrenado la precampaña catalana presentando un recurso de inconstitucionalidad para frenar la decisión de la mesa del Parlamento de Cataluña de admitir a trámite en febrero una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de la independencia. La iniciativa de la Moncloa no es nueva. Hace unos días, el PSC también la recurrió pero ahora, al ser el Ejecutivo quieren la presenta, obligará a suspender la norma de manera inmediata.

El recurso rompe todo el relato de Moncloa que sigue insistiendo en que todo está mejor en Cataluña desde que hay «diálogo» y que critican la «judicialización» que aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy para solucionar «un problema que es político». El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, incluso defendía «la coherencia» de este recurso «con la política que llevamos a cabo» porque «protege la Constitución, las instituciones y el diálogo».

Esta medida llega sólo un día después de la polémica suscitada con las frases de la dirigente de ERC, Marta Rovira, que aseguró que estaban negociando un referéndum de autodeterminación. El PSOE trató de desligarse de esta decisión pero su historial de medidas de la que se desvinculan pero luego acaban siendo aprobadas, como la amnistía o los indultos, les restó credibilidad ante una oposición y unos socios que auguran que, al final, habrá referéndum.

De ahí, la contundencia de Bolaños negando las negociaciones con ERC para celebrar un referéndum de autodeterminación, asegurando que esas afirmaciones «no son ciertas» y enmarcándolas en la pre-campaña catalana al tiempo que reprochaba al partido de Junqueras que siga apostando por «fórmulas antiguas, de conflicto y fracaso».

Adiós a Reynders

El ministro de Presidencia y Justicia también confirmaba que la reunión con Esteban González Pons que se tenía que celebrar este miércoles, para tratar de encontrar una fórmula que permita renovar el CGPJ, se ha aplazado sine die tras la candidatura del mediador, el comisario de Justicia Didier Reynders, al Consejo de Europa, lo que le obligará a dejar su cargo.

No se sabe quién será su sustituto al frente de la mediación pero Bolaños se mostraba esperanzado en encontrar otra persona de consenso. «Los gobiernos, la Comisión Europea, no dependen, por supuesto, de una persona, sino que la Comisión Europea tendrá que tomar decisión sobre quién continúa con esta mediación«, respondía a los medios de comunicación en la rueda posterior tras el Consejo de Ministros.

El ministro prometía que el Gobierno seguirá negociando con el PP «el tiempo que sea necesario, porque es imprescindible devolver la normalidad a la justicia» en España» y reiteraba que el bloqueo judicial «nos cuesta mucho dinero».

Aunque tampoco parece que existan visos de acuerdo con el principal partido de la oposición ya que Génova exige que junto con la renovación del CGPJ se incluya un compromiso para impulsar una ley que desjudicialice la política. «Poner condiciones para cumplir la ley es tener un comportamiento muy antidemocrático», sentenciaba Bolaños quien reiteraba, no obstante, que «el Plan A» es agotar el diálogo.