Inicio Actualidad El Gobierno destripa la «Kitchen» del PP

El Gobierno destripa la «Kitchen» del PP

De puntillas y en una sola frase resolvió la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la determinación de Moncloa de levantar el secreto que pesa sobre la «operación Kitchen», la relativa a los supuestos cargos a fondos reservados para recuperar la documentación que obraba en poder el ex tesorero del PP Luis Bárcenas sobre la presunta financiación irregular del partido. La controvertida decisión se tomará «seguramente» en el próximo Consejo de Ministros y da respuesta a la petición del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cursada a través del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Fuentes gubernamentales precisan, no obstante, que la desclasificación de este material de carácter reservado será sólo para conocimiento del magistrado Diego De Egea, el juez de refuerzo que instruye la «operación Tándem», por la que envió a prisión al ex comisario José Manuel Villarejo, a quien se señala como urdidor de la operación en la que se captó al chófer de Bárcenas para intervenir documentación sensible para el PP. La Fiscalía Anticorrupción pidió al juez De Egea que se dirigiera al Consejo de Ministros para que autorizara desclasificar la documentación que pudiera obrar en el Ministerio del Interior sobre la citada operación, con el objetivo de poder tomar declaración como investigados a ex cargos policiales sin que estuvieran sujetos a la Ley de secretos oficiales.

En la respuesta afirmativa al requerimiento judicial que se ha hecho a Moncloa, el Gobierno esconde el doble rasero que aplica al material clasificado como secreto. Mientras hace accesible información sensible o perjudicial para el principal partido de la oposición, mantiene bajo llave el coste de los viajes en el Falcon –avión oficial del presidente– al Festival de Benicassim, negándose a aclarar el coste del vuelo, quiénes eran los acompañantes del presidente y el gasto de la apertura en exclusiva del aeropuerto de Castellón el próximo 20 de julio.

Con toda esa operación policial desclasificada, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea no solo tendrá acceso a la documentación relativa a los entresijos del operativo bajo sospecha, sino que también podrá tomar declaración sin restricciones a ex mandos policiales como Enrique García Castaño. El que fuera responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía –investigado por la «operación Tándem»– ya solicitó al instructor hasta en dos ocasiones que recabara el visto bueno del Consejo de Ministros para que pudiera declarar sin las limitaciones que le impone la Ley de Secretos Oficiales. Ahora, el ex socio del comisario jubilado José Villarejo –en prisión desde noviembre del pasado año– podrá ser interrogado al respecto sin ninguna cortapisa legal.

El juez De Egea, instructor de la causa, investiga si desde el Ministerio del Interior, el entonces titular de la cartera Jorge Fernández Díaz se valió de Villarejo para que –a cambio de una gratificación de 2.000 euros mensuales que se habrían pagado a cargo de los fondos reservados– el chófer de Bárcenas pudiera hacerse con documentación sensible sustraída por el ex tesorero del PP cuando fue despedido del partido.

El magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se topó en su investigación con la clasificación de esa información, que cerraba la puerta a que esos papeles se pudieran poner a disposición judicial, por lo que instó al Consejo de Ministros a levantar el velo sobre todo ese caudal documental. De Egea ha citado a declarar el próximo 12 de diciembre en calidad de testigos al ex tesorero Luis Bárcenas y a su esposa Rosalía Iglesias.

Este no es el único magistrado del citado tribunal interesado en acceder a esa documentación. El juez José de la Mata –que investiga la «caja B» del PP– también se dirigió al Consejo de Ministros para recabar un informe exhaustivo sobre la «operación Kitchen» que detallara sus objetivos, preparación, ejecución y control, así como la identificación de sus responsables y de todas las personas que hubiesen participado en la misma. De la Mata quiere esclarecer si la documentación que la documentación que Interior habría sustraído al ex tesorero a través de su chófer puede tener relación con esa contabilidad opaca. En sus investigaciones, la Audiencia Nacional se ha dado de bruces en más de una ocasión con información reservada a la que no ha podido acceder al considerarse sensible para la seguridad nacional.

En ocasiones, como le sucedió por ejemplo al juez Santiago Pedraz en noviembre de 2012, el CNI negó al magistrado, «por imposibilidad legal», toda la documentación relativa al secuestro de dos cooperantes españoles en Mali. Otras veces, como ocurrió en 2004, con varios informes de los Servicios de Inteligencia sobre los atentados del 11-M o en relación al accidente del Cougar en Afganistán en 2005, el Gobierno sí dio el visto bueno a la desclasificación de esos documentos.