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El Gobierno evaluará si la declaración de bien cultural de la Pirámide de los Italianos es legal

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática va a examinar si la decisión tomada por la Junta de Castilla y León de declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Pirámide de los Italianos, un mausoleo en la provincia de Burgos donde hay enterrados soldados de esta nacionalidad que murieron en la Guerra Civil, se ajusta a la obligación que impone la ley de «resignificar» el monumento.

Desde el departamento dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en alusión a si se han tenido en consideración las alegaciones que presentó cuando se personó en el procedimiento administrativo que puso en marcha el Gobierno de la autonomía que conforman PP y Vox para la declaración BIC del panteón, han añadido que «se va a volver a interesar por el asunto, se va a analizar y se verá si se presentan más alegaciones. Es el primer paso, luego se vería».

En el escrito, la Secretaría pidió a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, dirigida por Vox, garantizar la reinterpretación histórica del espacio para que tuviera encaje con la Ley de Memoria Democrática. Además, se ordenaba identificar la titularidad del bien que, según la consejería, recae desde 1964 en la Asociación Hermandad de la Rivera de Herbosa, vinculada con el territorio donde se ubica, en el Puerto del Escudo, dentro del término municipal burgalés de Valle de Valdebezana.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática remarca que es potestad autonómica la declaración BIC de un monumento, pero añade que la ley estipula que han de retirarse aquellos elementos que puedan suponer una apología del fascismo como es el caso de La Pirámide de los Italianos, ya que alberga los restos de 384 combatientes italianos que participaron en la batalla del Escudo en apoyo del bando franquista.

Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha anunciado que denunciará a la Junta de Castilla y León por proteger un monumento que supone «un enaltecimiento del fascismo y una humillación de las víctimas de la dictadura franquista». Su presidente, Emilio Silva, ha explicado que «se trata de una incitación al odio porque desde el Gobierno de la Junta se quiere conservar un monumento creado para celebrar el triunfo de unos asesinos». Asimismo, ha lamentado que la Justicia no actúe de oficio «como haría si se tratara de un monumento a un grupo terrorista».

Ante esta denuncia, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha afirmado estar «tranquilo», porque el expediente «se ha tramitado con todas las garantías», y ha abogado por ver la historia con una «mirada limpia», sin rencores, para aprender del pasado y construir un futuro mejor. Igualmente, ha denunciado que el monumento no solo estaba en riesgo por deterioro y vandalismo sino también «amenazado» por la «ley sectaria» de la Memoria Democrática, aunque se cumplirá en el proceso de rehabilitación y resignificación.