Pocas veces unos gritos tuvieron tanto eco. Cuando este pasado domingo unos energúmenos del Valencia se puso a gritar «mono» al delantero del Real Madrid, Vinícius Jr, no se imaginaban que sus cánticos iban a tener repercusiones geopolíticas. El presidente de Brasil, Lula da Silva, ha salido a pedir medir medidas más contundentes para evitar que se repitan los gritos a su compatriota. Incluso ha apagado el símbolo del país, el Cristo Redentor de Río de Janeiro, en solidaridad.
En Moncloa niegan que exista una «crisis diplomática» pero lo cierto es que el embajador ha pedido audiencia al Gobierno. En el sector socialista han evitado criticar a la Liga y a la Federación y, como un buen guardameta, han despejado los balones. Creen que basta con la «legislación común». » La que se nos aplica independientemente de que se produzcan en un campo de fútbol, en un supermercado o una fábrica», ha afirmado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. «En España estos hechos se persiguen y se castigan», ha añadido.
Una actitud que ha contrastado con la de Irene Montero En plena vorágine, el Ministerio de Igualdad ha firmado una comunicación conjunta con el ministerio de Igualdad Racial de Brasil. A nadie se le escapa las buenas relaciones entre Podemos y el PT de Brasil o que la homóloga de Irene Montero en Brasil sea Anielle Franco, hermana de la activista asesinada Marielle Franco, que ha sido elogiada en varias ocasiones por la formación morada.
En ese manifiesto, ambos ministerios han afirmado que los gritos a Vinícius constituyen «una grave vulneración de los derechos humanos» y «perpetúa la desigualdad». Montero y Franco han añadido que «el racismo es estructural en nuestras sociedades» y, enmendado la plana al Gobierno, han pedido a «las instituciones competentes» que respondan «con la máxima diligencia para tomar medidas»
Dos visiones
Mientras el sector socialista ha afirmado, por boca de Rodríguez, que somos «antirracistas» y que «esos comportamientos no quedan impunes» y «se castigan», los ministerios de Igualdad de Brasil y España han terciado asegurando que «hechos como el acontecido en Valencia no son aislados, sino que están profundamente arraigados en nuestra sociedad».
Franco y Montero han pedido «desplegar políticas públicas que aborden con rotundidad el racismo». Dos visiones del Gobierno distintas hasta cuando se trata de pronunciarse sobre los cánticos en un estadio de fútbol.
