Iñigo Sáenz de Ugarte.- El Gobierno francés ha decretado este miércoles la ilegalización de la asociación de derechos civiles CCIF, una de las que había señalado como responsables de un concepto que Emmanuel Macron ha denominado «separatismo islámico». En la cruzada del Gobierno contra el «islam radical», varias organizaciones están en el punto de mira de una política oficial que considera que no se puede tolerar ninguna crítica al laicismo imperante en Francia que proceda de la comunidad musulmana.
CCIF es una ONG que tiene como principal objetivo desde 2003 luchar contra la islamofobia y que presta asesoramiento legal a los musulmanes franceses que denuncian en los tribunales casos de discriminación por su religión o raza. En el pasado, ha presentado demandas por ejemplo contra la ley que prohibía los símbolos religiosos en la escuela, contra la prohibición del velo o contra una ley de 2016 que permitía a las empresas imponer «neutralidad ideológica y religiosa» a sus empleados.
El ministro de Interior, Gérald Darmanin, calificó a CCIF de «enemiga del Estado». Básicamente, CCIF ha sido disuelta por un delito de opinión.
La asociación había decidido poner fin a sus actividades hace unas semanas, borrando su página web y cuentas en redes sociales, al dar por hecho que la medida era irreversible. El Gobierno ignoró la noticia y procedió a su ilegalización. No quería que la autodisolución le privara de las ventajas políticas de la decisión.
En un comunicado en octubre, CCIF recordó que su prohibición era una vieja reclamación de la extrema derecha de varios años atrás. El grupo siempre operaba dentro de la ley y su campo de batalla habitual eran los tribunales. De ahí que alguien se inventara la expresión «yihad judicial» para definirles. Utilizar los recursos que da la ley a cualquier ciudadano pasaba a ser un instrumento terrorista en una adulteración del lenguaje que se antoja inédita en las democracias occidentales.
Ese discurso propio de la ultraderecha ha terminado por infiltrarse en el corazón del Estado, según CCIF. «Sin saber cómo reaccionar ante los atentados terroristas, el Gobierno ha querido cada vez hacer demostraciones de fuerza, la mayoría ilegales, atacando de forma violenta y deliberada a los musulmanes –la mayoría de ellos, indefensos– a los que se presenta como ‘islamistas’. Esta estrategia no ha sido sólo ineficaz –el terrorismo no ha desaparecido–, sino también dañina y peligrosa, porque responde precisamente al discurso de los terroristas».
En ese comunicado, el grupo dio su versión sobre lo que ocurrió en la denuncia contra el profesor Samuel Paty por enseñar las caricaturas de Mahoma que hizo que un joven de origen checheno viajara a París para asesinarlo y decapitarlo. El padre de un alumno, que fue el que difundió un vídeo sobre el profesor, pidió a CCIF que entablara una acción legal contra el maestro. La organización le respondió que en primer lugar debía retirar el vídeo. Posteriormente, se produjo el asesinato.
Macron sostiene que los grupos extremistas que actúan en nombre del islam han secuestrado la religión para enviar el mensaje de que los musulmanes no deben respetar a Francia ni a su ley. «Nosotros creemos en la Ilustración. Creemos que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres», dice.
En ese discurso sobre la necesidad de defenderse contra grupos reaccionarios, es difícil saber cómo encaja la prohibición de una asociación de derechos civiles cuya herramienta es la ley.
El Gobierno ha dado vía libre a la policía. Un proyecto de ley que prohibía tomar imágenes de las operaciones de las fuerzas de seguridad ha sido de momento retirado para ser retocado después de las fuertes protestas que han tenido lugar en varias ciudades.
Algunas actuaciones policiales indican que la mano dura contra los comentarios definidos como islamistas en las redes sociales alcanza también a los menores de edad, y a veces con actuaciones desproporcionadas. Una redada policial con agentes encapuchados empuñando fusiles de asalto acabó con la detención de cuatro niños de 10 años en Albertville. Se les acusó de «defender el terrorismo» en una discusión en el aula del colegio sobre libertad de expresión. Fueron interrogados durante diez horas en comisaría.
El laicismo es una idea esencial en la política francesa. Macron lo ha convertido en un arma contra la comunidad musulmana que se muestra reacia u hostil a que se le exija la aceptación total –algunos lo llaman también sumisión– para ser considerados ciudadanos de pleno derecho. En el mundo anglosajón, se contempla esa idea como mínimo con perplejidad, porque la democracia occidental no puede exigir la adhesión a una ideología oficial para poder gozar de los derechos existentes en las leyes.
Amnistía Internacional afirmó el 20 de noviembre que la disolución de una organización es una medida extrema que sólo se puede justificar si supone una amenaza clara e inminente a la seguridad nacional. «Las autoridades francesas no han facilitado hasta la fecha ninguna prueba que justifique la disolución de CCIF».
«Bajo el pretexto de reforzar los valores republicanos, estamos colaborando en realidad con los adversarios de la república que tienen un discurso xenófobo», ha dicho Aurélien Taché, diputado que abandonó el partido de Macron.
Eso no parece preocupar a Macron. Su cálculo político es obvio. La principal amenaza a su reelección estará en la derecha o la extrema derecha.
