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El Gobierno justifica el 155 por «desobediencia rebelde»

El Gobierno justifica la adopción de medidas en aplicación del artículo 155 de la Constitución por la «desobediencia rebelde, sistemática y consciente» de la Generalitat a las obligaciones que le imponen las leyes y por el hecho de que sus actuaciones «atenten gravemente» al interés general de España. Así figura en la exposición de motivos de las medidas que está analizando el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria para hacer frente a los planes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que serán anunciadas este sábado por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.

El texto de esa exposición de motivos subraya que el artículo 155 del texto constitucional configura un doble presupuesto de hecho posible para su aplicación. El primero de ellos es que la comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, y el segundo que actuase de forma que atente gravemente al interés general de España. «Ambos concurren en el presente caso», asegura el Gobierno, que recuerda que el 155 faculta al Estado a adoptar medidas para restablecer el orden constitucional o para prevenir el daño al interés general, respetando en todo momento la existencia de la comunidad autónoma, sus instituciones y su estatuto.

«Incumplimiento contumaz y deliberado»

Subraya el Ejecutivo el «incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado» de las obligaciones constitucionales de los dirigentes de la Generalitat. Algo que considera que ha ocurrido con la puesta en marcha de un proceso de secesión «con desobediencia rebelde, sistemática y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional afectando gravemente al interés general de España». También hace hincapié en el «profundo deterioro de las bases de convivencia, bienestar social y crecimiento económico en la comunidad catalana» que están poniendo en «riesgo» los fundamentos de progreso del conjunto de la sociedad.

Y ello, añade, está provocando un «creciente desconcierto y una aquilatada desconfianza, entre los ciudadanos y hacia las instituciones». Además, el Ejecutivo central insiste en que los gobernantes de Cataluña no han respetado «ni la legalidad ni el interés general al que responden las leyes».

Neutralidad institucional

Según el Gobierno el objetivo de las medidas que se van a aprobar es «asegurar la neutralidad institucional» para que el principio rector de las instituciones sea el interés general. Considera en este sentido que la Generalitat «ha obviado» el interés general de los catalanes «en favor del ideario independentista de una parte de ellos».

«Las medidas propuestas en el marco de este procedimiento se plantean de forma garantista, persiguiendo en todo caso asegurar derechos y no restringir libertades y respondiendo a cuatro grandes objetivos: restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar derechos y libertades de todos los catalanes», se añade.

Continúa agregando que los anhelos soberanistas «no pueden ser presentados como una demanda unánime del conjunto de los ciudadanos catalanes, ni pueden «traducirse en un discurso único de imposición de la independencia» como tampoco puede, por encima de todo, traducirse en una declaración unilateral en este sentido.

Insiste por eso en que tanto la Generalitat como el conjunto de instituciones que componen el autogobierno, deben responder al bienestar de los ciudadanos y actuar «siempre y en todo caso», en «favor de todos ellos y no en respuesta a solo una parte».