El Gobierno de Pedro Sánchez manejará la Sala del Tribunal Supremo encargada de ilegalizar a los partidos políticos al controlar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La denominada «Sala del 61» recibe este nombre al estar regulada por el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y está formada por un total de 16 magistrados. Entre ellos, el presidente del Supremo, los presidentes de las cinco Salas y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas. Según establece la Ley, esta Sala conocerá de «de los procesos de declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos».
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que «el Gobierno podrá manejar la Sala del 61 si logra controlar el CGPJ y colocar a nuevos jueces izquierdistas afines en los puestos clave del Supremo». En este sentido, el artículo 9 de la Ley de Partidos Políticos establece que «un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante algunas conductas, realizadas de forma reiterada y grave».
En primer lugar, «vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual». En segundo lugar, «fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas».
En tercer lugar la Ley establece como causa de ilegalidad, «complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad o a la población en general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidación generada por la misma».
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que «con la composición actual de la Sala 61sería imposible que un proceso para ilegalizar a partidos políticos que están en el foco de los socialistas y de sus socios de legislatura como pueda ser Vox prosperase. Sin embargo, si el Ejecutivo logra cambiar a los integrantes de la Sala 61 y modifica a su vez la Ley de Partidos Políticos, como ha hecho ya con tantas otras leyes, no se podría descartar nada«.
Recordamos que cuando se renueve al CGPJ actual, el siguiente Gobierno de los jueces designará a un total de 48 magistrados del Alto Tribunal en los próximos 5 años, que suponen más del 60% de todos los efectivos del Supremo.
La llave para las querellas contra los magistrados del Supremo
Tal y como publicó este diario, la Sala del 61del Supremo que manejaría el Ejecutivo es a su vez la puerta de entrada a las posibles querellas que se presenten contra los magistrados del Alto Tribunal con el pretexto de la lucha contra el supuesto lawfare pactado por PSOE y Junts.
El Supremo está compuesto por el presidente, el vicepresidente y un total de 79 magistrados. Estos se distribuyen de la siguiente forma: 10 en la Sala Primera (civil), 15 en la Sala Segunda (penal), 33 en la Sala Tercera (contencioso-administrativa), 13 en la Sala Cuarta (social) y 8 en la Sala Quinta (militar). Entre estos magistrados, se encuentran a su vez los presidentes de cada una de las cinco Salas. Actualmente hay 24 plazas vacantes en el Supremo, especialmente se localizan en la Sala de lo Contencioso-Administrativo y se esperan otras 24 más en los próximos años.
