El PP cree que la UE «va a reaccionar» y advierte de que tendrán que abstenerse en las deliberaciones sobre decisiones del Ejecutivo.
El Gobierno ha designado al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la exdirectora general de Asuntos Constitucionales en el Ministerio de Presidencia, Laura Díez, para cubrir dos puestos de magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
El acuerdo ha sido adoptado en la reunión del Consejo de Ministros de este martes sin esperar a conocer los nombres de los otros dos vocales que elige el CGPJ. Ahora, el TC tendrá que verificar que se cumplen los requisitos para que Campo y Díez se incorporen al tribunal. «No tenemos duda de que lo hará», opina el Gobierno, que defiende que ambos cumplen el perfil sin ahondar en la carga política de su nombramiento, que defiende como «absolutamente idóneos».
Campo y Díez sustituirán a dos magistrados conservadores: Pedro González-Trevijano, actual presidente y Antonio Narváez
«Lo que hacemos hoy es cumplir la Constitución desde el Gobierno», ha defendido el titular de Presidencia, Félix Bolaños, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que ha defendido que ambos magistrados tienen perfiles «absolutamente idóneos»: «Por eso hoy iniciamos el proceso para cumplir con las obligaciones que nos impone la Constitución y para nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional», que reconoce que al Ejecutivo le «hubiera gustado» hacerlos de forma simultánea al Poder Judicial.
Desde hace cinco meses está pendiente la renovación de cuatro magistrados de este tribunal (los dos del Gobierno y los dos del CGPJ), pero están bloqueados los que corresponden al órgano de gobierno de los jueces.
Según Bolaños, Campo y Díaz son dos juristas «de reconocida competencia, de indudable vocación de servicio público y de compromiso con la ley y la Constitución», y añade: «Pocas personas tienen un conocimiento tan amplio de la Administración».
Bolaños: «El Gobierno tiene el derecho y el deber de tomar esta decisión y nombrar a dos magistrados»
El Gobierno, que pide «no poder en duda» la imparcialidad de los dos jueces pese a sus vínculos con el Ejecutivo, había barajado hacer el nombramiento de sus magistrados cuando caducó el mandato el pasado 12 de junio, pero prefirió esperar entonces a que el CGPJ hiciera lo propio para que la renovación fuera por tercios. De esta forma evitaba que la mayoría del TC realizara una interpretación de la Constitución que impidiese que se hicieran efectivos los dos nombramientos del Gobierno al entender que deben tramitarse de forma conjunta con los del CGPJ.
El PP no los considera «idóneos»
El vicesecretario general institucional del PP, Esteban González Pons, ha considerado que Campo y Díez «no son idóneos» para formar parte del Tribunal Constitucional (TC), porque les considera «enviados del Gobierno» para «colonizarlo».
Al dirigente del PP le parece que son «dos miembros del Gobierno entrando a cumplir una misión en el Tribunal Constitucional, que es salvaguardar la legislación del propio Gobierno», aunque Campo dejara el cargo de ministro hace año y medio. Por ello, Pons cree que la Unión Europea «va a reaccionar» y ha advertido de que si son nombrados «tendrán que abstenerse» ambos en las deliberaciones del TC que atañan a las decisiones del Gobierno.
Lo mismo opina la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, quien ha opinado que la «intromisión» de poder ejecutivo en el judicial «no pasará desapercibida» en Europa.
Pons ha dicho que el Gobierno envía a Campo al Constitucional para que sea un «sheriff», lo que va, a su juicio, en contra de la separación de poderes, porque, ha dicho también, lo envía «como un explorador para colonizar» el tribunal, «haciendo entrismo en otro poder del Estado».
