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El Gobierno prepara un informe con los bienes inmatriculados para chantajear a la Iglesia en el ‘caso Franco’

Pedro Sánchez no se rinde. La promesa de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos ha llevado al presidente del Gobierno a dar un paso más en su ‘pelea’ con la familia Franco, que además pretende inhumarlo en la catedral de la Almudena. El Ministerio de Justicia ha elaborado un completo informe sobre los bienes de la Iglesia. El objetivo: detectar aquellos que están bien o mal inmatriculados en el Registro de la Propiedad –lo que permitiría arrebatárselos a la Iglesia– y así poder utilizarlo como arma para presionar a la Iglesia y que ésta, a su vez,  convenza a la familia del dictador de la conveniencia de dar el brazo a torcer en la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco.

El ministerio que dirige la reprobada Dolores Delgado ha confeccionado un estudio completo de qué bienes se pueden litigar por parte del Estado para arrebatar la propiedad a la Iglesia pese a contar con siglos de propiedad indiscutida.

El Ministerio de Justicia trabaja ya en la realización de este listado de bienes inmatriculados (inscritos en el Registro de la Propiedad) por la Iglesia Católica. El informe, de hecho, se hará público. Hay que recordar que el PSOE solicitó ya este listado en noviembre de 2017 al entonces Gobierno del PP, pero con menos fortuna. El Ejecutivo de Mariano Rajoy se comprometió a solicitar los datos pero no se llegó a saber más.

El objetivo del PSOE y del Gobierno no es oculto: comprobar qué bienes pueden ser discutidos y arrebatados a la Iglesia por defectos en la inmatriculación. Y todo ello, pese a que la inmatriculación no constituye el derecho de propiedad sino que simplemente los acredita efectos de fe pública.

El plan consta, así, de dos partes. La primera, es la elaboración y publicación del listado. La segunda será instar la reclamación de algunos de esos bienes por parte de instituciones o particulares que consideren que alguno de esos inmuebles realmente les pertenece pese a estar inscrito en el Registro en favor de la Iglesia.

El Gobierno pretende extender la inseguridad de pertenencia a más inmuebles de la Iglesia Católica en España

El PSOE ha defendido ya que la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo en 1998 por el Gobierno del PP daba a la Iglesia la potestad de actuar como institución pública y de inmatricular los bienes sin acreditar que eran de su propiedad.

Con este argumento el Gobierno pretende presionar a la Iglesia y extender la inseguridad que afecta en estos momentos a la Mezquita Catedral de Córdoba a más inmuebles. Un situación que quiere aprovechar para exigir a la Iglesia más colaboración ante la familia Franco para solventar la exhumación de los restos del dictador sin que acaben en la Catedral de la Almudena.

Y es que la realidad es que la negociación con el Vaticano por el asunto de Franco se ha convertido en amenaza y en todo un abanico de chantajes a la Iglesia si esta institución no presiona a la familia del dictador para que lleve la tumba de Franco al Pardo. Y la amenaza es seria: incluye, además, la utilización de la pederastia para atacar a la Iglesia y la revisión de la exención del Ibi que la Iglesia Católica tiene -igual que la tiene el PSOE en sus sedes, UGT o las embajadas por ser instituciones con fines sociales y sin ánimo de lucro-.

La visita del pasado lunes de la vicepresidenta del Gobierno de Sánchez al Vaticano no ha fue como esperaba Moncloa. Frente a la versión publicada oficialmente por el Gobierno, lo cierto es que el acuerdo con la Iglesia no supone que la cúpula eclesiástica asuma la responsabilidad de buscar una solución a la exhumación de Franco. Y es que el compromiso se limita a mediar con la familia del dictador, un punto que implica, desde el punto de vista jurídico y en primer lugar, que el Vaticano no va a violentar la voluntad de la familia.

En el encuentro entre el número dos del Vaticano -Parolin- y Calvo, el Vaticano ya expuso el condicionante jurídico de este asunto, tal y como ha publicado OKDIARIO. Y es que la Iglesia no puede negar sepultura en una cripta a un católico que haya adquirido ese derecho de propiedad sobre los nichos. No se trata de una opinión, sino de lo que plasma el Código Canónico a partir del canon 1.205.

La respuesta no gustó a Moncloa. Hasta el punto de que en esa misma conversación decidió incluir, como precio de las negociaciones y moneda de presión, nada menos que el tratamiento de los casos de pederastia, el IBI de los templos y las inmatriculaciones de los bienes inmobiliarios de la Iglesias -donde el caso más llamativo es el de la Mezquita Catedral de Córdoba-.