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El Gobierno requiere a Castilla y León para que no aplique el plan antiabortista de Vox

El Gobierno se ha lanzado contra el plan antiabortista de Vox en Castilla y León. El Ministerio de Sanidad ha advertido a la Junta con un requerimiento para que «se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa» con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo con «posible vulneración de principios fundamentales».

Tampoco descarta el Ejecutivo la implementación de «actuaciones jurídicas adicionales» si la comunidad autónoma que preside el popular Alfonso Fernández Mañueco no atiende el requerimiento. Además, asegura que «utilizará todos los mecanismos» jurídicamente previstos en la ley para «defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente». La nota pública también señala que perseguirá la legislación de corte antiabortista en el conjunto del «territorio del Estado».

En el documento, remitido en la tarde de este domingo desde Moncloa, se solicita a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León que «se abstenga de aprobar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula» el aborto. Y no sólo eso: también advierte Moncloa que, «en caso de haber sido esta ya adoptada», el gobierno castellano y leonés debe dar marcha atrás.

Sanidad requiere a la Junta que le envíe «de manera inmediata» los «protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales» que anunció su vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox). El Ejecutivo indica que los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están «en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes». 

El Gobierno, además, amenaza con «actuaciones jurídicas adicionales» si la normativa de Castilla y León contraviene «abiertamente» el «ordenamiento jurídico». Según sugieren, el protocolo de la Junta puede extralimitar «las competencias que corresponden a esta comunidad autónoma».

El Gobierno ha lanzado el requerimiento tras unas jornadas en las que el plan antiabortista ha copado la actualidad política. Moncloa censuró, desde que se anunciaran el pasado jueves por García-Gallardo, estas ordenanzas. El líder del partido de ultraderecha alegó que eran medidas «provida» y matizó que sería obligatorio para los sanitarios ofrecer tres opciones a las embarazadas.

Una de ellas sería escuchar el latido del feto; otra, que los progenitores puedan tener una ecografía en 4D (de imagen en movimiento); y, por fin, que se les brinde un apoyo psicológico. García-Gallardo presentó estas posibilidades tachando de «drama» al aborto y defendiendo que así quienes tomen esta decisión serán «más consciente» de lo que conlleva.

Tales afirmaciones provocaron un tsunami en ambas facciones del hemiciclo. Mientras todos los miembros del Gobierno de coalición se posicionaron frontalmente en contra, se instaló el silencio en filas populares cundió el silencio, pese a que su nuevo portavoz de campaña, Borja Sémper, saliera rápidamente al paso censurando las intenciones de Vox.

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos (PP), aseguró que no se obligará a los sanitarios a aplicar tal protocolo. Fernández Mañueco argumentó que no era un cambio para impedir el aborto, sino que pretendían fomentar la natalidad. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha esquivado la polémica.

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