El Gobierno ha realizado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León avisándole de que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y le advierte de su disposición a más acciones legales.
El Ejecutivo ha informado de este requerimiento en un comunicado ante los protocolos anunciados por la Junta de Castilla y León para evitar abortos. Afirma el Gobierno que utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente.
De la misma forma, recalca que velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del estado ni por parte de administración pública alguna.
Ante esta situación, informa de que los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes.
Por este motivo, el Ministerio de Sanidad ha enviado esta tarde un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León en el que se solicita que «se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la interrupción voluntaria del embarazo. Cita en concreto la ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, el Real Decreto 1825/2010, de 25 de marzo, y la Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre interrupción voluntaria del embarazo.
Añade que, «en caso de haber sido esta ya adoptada, cese de inmediato cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer que ha decidido abortar o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico».
También exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas. Además, insta a comunicar de manera inmediata al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas.
En caso de que el requerimiento efectuado no sea atendido «íntegra e inmediatamente» por la Junta de Castilla y León, el Gobierno no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales a la vista de que las medidas anunciadas asegura que pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico.
Explica el Ejecutivo que esas nuevas acciones se pondrán en marcha dado que la aplicación de las medidas anunciadas podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esas comunidad.
El Gobierno ha reaccionado de esta forma ante los cambios en el protocolo de Castilla y León en materia de abortos que implican que los ginecólogos deriven directamente a salud mental a las mujeres embarazadas que se planteen interrumpir su embarazo, la posibilidad de escuchar el latido del bebé entre las semanas sexta y novena e incorporar las ecografías 4D, que se hacen en la última etapa de la gestación, a la cartera de servicios.
Unos cambios avanzados por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, que posteriormente fue corregido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, quien recalcó la voluntariedad de estas medidas y negó además que su objetivo fuera antiabortista.
Ante los nuevos protocolos, la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ya adelantó el viernes que su partido ejercería acciones legales para evitar la coacción u hostigamiento por administraciones o personas a las mujeres que quieran interrumpir un embarazo y que recurrirá los acuerdos en ese sentido que tomen los gobiernos autonómicos.
