El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido retomar su plan para dar un ‘golpe’ en el Tribunal Constitucional. Dicho plan, avanzado por LD el pasado mes de junio, consiste en recusar a los 2 magistrados conservadores salientes (el presidente Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez) para designar a sus dos magistrados: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y el ex alto cargo del Ministerio de Presidencia, Laura Díez.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que «el sector conservador del Tribunal Constitucional, ahora mismo mayoritario, se inclinaría por rechazar el nombramiento de los dos magistrados elegidos por el Gobierno hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elija a los dos magistrados que le corresponde en esta misma renovación».
Los magistrados conservadores basarían su argumentación en el artículo 159.3 de la Constitución que obliga a renovar el Tribunal de Garantías por tercios de cuatro magistrados: «Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres«.
Además, el sector conservador de TC apelaría al incumplimiento de los requisitos subjetivos para que Juan Carlos Campo y Laura Díez se conviertan en magistrados del Constitucional. Dichos requisitos subjetivos se basarían en la elección de los magistrados «en forma», es decir, en renovar a los magistrados del Constitucional de cuatro en cuatro y no de dos en dos, como pretende el Gobierno de forma unilateral.
La composición actual del Pleno del TC es de 6 magistrados conservadores y 5 izquierdistas, ya que el magistrado conservador Alfredo Montoya renunció por enfermedad. Si se plantea la recusación de los 2 magistrados conservadores salientes, el aval de Campo y Díez sería votado sólo por 4 magistrados conservadores y por 5 izquierdistas, y por tanto, saldría adelante.
Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD apuntan que «el Gobierno planificaría la recusación de los dos magistrados conservadores salientes a través de un magistrado izquierdista del propio Constitucional, o bien de los dos aspirantes para que en el Pleno del TC haya un vuelco en la mayoría. De esta forma, con estas recusaciones la mayoría izquierdista liderada por el magistrado Cándido Conde-Pumpido avalaría la toma de posesión de Juan Carlos Campo y de Laura Díez. Si el Gobierno toma este camino sería una barbaridad sin precedentes y causaría un enorme daño institucional«.
Este ‘golpe’ del Gobierno que se considera «inviable jurídicamente hablando» tendría el objetivo de allanar el camino a la llegada del propio Conde-Pumpido a la presidencia del Tribunal Constitucional. El as bajo la manga que esconde el Ejecutivo sería cuatro reales decretos para cesar a González-Trevijano y Narváez y para nombrar a Campo y Díez.
Mientras tanto, el sector conservador y el izquierdista del CGPJ sigue negociando la elección de sus dos magistrados para el propio Constitucional. Tras la elección de Campo y Díez, no se descarta que el sustituto de Carlos Lesmes al frente del CGPJ, el izquierdista Rafael Mozo, muy cercano a Conde-Pumpido, convoque un Pleno Extraordinario en las próximas fechas para intentar forzar los nombramientos.
El Pleno ordinario está convocado para el próximo 22 de diciembre y la comisión negociadora del CGPJ se reunirá nuevamente este miércoles. El sector izquierdista apuesta por el magistrado de la Sala Tercera del Supremo, José Manuel Bandrés, considerado el «favorito» del Gobierno, como su único candidato para el Tribunal Constitucional.
Juan Carlos Campos obligado a abstenerse en el TC
Las mismas fuentes consultadas por este diario destacan que «la elección de un exministro del Gobierno (Juan Carlos Campo) y de un ex alto cargo del mismo Ejecutivo (Laura Díez) es tercermundista y de un país bananero. Juan Carlos Campo es Dolores Delgado dos. Pedro Sánchez está degradando al Tribunal Constitucional eligiendo a magistrados con una clara imagen de parcialidad y no de independencia. Además, está premiando a Campo por haber aprobado como ministro de Justicia el indulto a los golpistas del 1-O».
«Campo como magistrado del Tribunal Constitucional va a estar de pies y manos, ya que se tendrá que abstener en todos los casos en los que haya participado como diputado del PSOE y como ministro de Justicia. Respecto a Laura Díez, su nombramiento no causa sorpresa ya que se esperaba que el Ejecutivo apostase por un perfil catalanista cercano al independentismo», destacan.
