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El Gobierno salva el controvertido decreto de Justicia con los votos del bloque de la investidura

Mientras la crisis sanitaria parece amainar, la hecatombe económica ocasionada por el parón empieza a asomar las garras. España vivirá en 2021 una avalancha sin precedentes de concursos de acreedores: alrededor de 50.000, según el Ministerio de Justicia, un 619% más que en 2019.

«De los 7.000 concursos presentados en 2019, alcanzaríamos unos 50.000 el próximo año», ha advertido este miércoles el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, en el pleno del Congreso para pedir el apoyo al real decreto de medidas organizativas y procesales diseñado en colaboración con las comunidades autónomas para intentar paliar el colapso de los órganos judiciales.

Según las previsiones del Ministerio, los asuntos ingresados en la jurisdicción social aumentarán este año un 31 %, llegando hasta un 140 % en 2021, más de un millón de nuevos asuntos. Con esos datos, ha explicado Campo, la pendencia (porcentaje de casos pendientes) se situará en un 175 %.

En el ámbito civil se espera un incremento de entre el 30 y el 145 %, con lo que el incremento de los asuntos pendientes puede situarse en el 180 %; mientras que en la jurisdicción contencioso administrativa se baraja un aumento de nuevos asuntos de entre el 35 y el 125 %.

Frente a las medidas sanitarias y de seguridad aplicadas en el estado de alarma, los juzgados han realizado sólo el 20 % del trabajo que habrían abordado en circunstancias normales, por lo que cuando se alce ese estado, al volumen normal de asuntos se sumará ese 80 % aparcado y el citado aumento de litigiosidad derivado de la crisis. La Justicia, ha subrayado Campo, debe prepararse para esas cifras y para ser un «motor dinamizador» de la economía.

Lluvia de críticas

El Gobierno ha sacado adelante su polémico Real Decreto gracias a los votos favorables del PNV y ERC, tras recibir numerosas críticas desde todos los partidos. El decreto, que se tramitará como proyecto de ley para que los grupos puedan incluir enmiendas, como han reclamado los republicanos catalanes, ha recibido 178 votos a favor, 161 en contra y 10 abstenciones.

El ministro de Justicia ha destacado que las medidas han sido consensuadas con todos los consejeros del ramo, también con los del PP y Ciudadanos, y ha pedido sin éxito a esos partidos que estuvieran a la altura de sus correligionarios con responsabilidades de gestión.

El PP ha criticado «la catarata de normas» de las últimas semanas, que «generan un puzzle normativo jamás visto«, y aunque ha admitido haber estado de acuerdo con el ministro «en líneas generales» en un principio, ha indicado que lo que finalmente presentó «fue más allá».

Para Vox, algunas medidas «rozan perfiles de inconstitucionalidad y de violación de derechos fundamentales», mientras que Ciudadanos, especialmente crítico con la habilitación de agosto por el perjuicio para los pequeños despachos de abogados, lo ve «puramente publicitario e ineficaz».

El diputado de Cs, Edmundo Bal, ha reconocido que el ministro Campo ha tenido «la mayor capacidad que un ministro ha tenido en la historia de la democracia: ha enfadado usted a todo el mundo», ha ironizado Bal, quien ha recordado la oposición a la norma de asociaciones de jueces, fiscales, abogados, funcionarios, colegios de abogados, procuradores… «Nadie está de acuerdo con su plan de desescalada».

Entre las medidas recogidas en ese real decreto figuran la dedicación y especialización de juzgados a asuntos derivados de la crisis sanitaria de forma que estos órganos están concebidos como «las ucis de nuestra Justicia».

También se encuentran la habilitación de gran parte de agosto, un procedimiento especial en materia de familia, la apuesta por las vías telemáticas y una agilización de los procesos relativos a expedientes de regulación de empleo y quiebras empresariales.