El futuro de la coalición de Gobierno no es en este momento lo importante. Ni para unos ni para otros. El PSOE y Unidas Podemos están mutuamente convencidos de que ninguno de los dos desea la ruptura y bajo esa premisa se mantienen firmes en sus posiciones sobre la reforma de la ley del ‘solo el sí es sí’, pese a los llamamientos de sus aliados parlamentarios, que ayer advirtieron del daño electoral que puede causar la intensa batalla interna a la que se han entregado abiertamente. Los socialistas creen, sin embargo, que su postura es de muy fácil comprensión para la opinión pública y que incluso en el supuesto de que sus apoyos habituales no la respalden, con su paso lograrán congraciarse con el sentir mayoritario de la sociedad, alarmada por las revisiones de condenas a la baja provocadas por la norma.
La convicción de Pedro Sánchez es tal que, aunque fuentes del partido insisten en que no tienen intención de negociar con el PP, también remarcan que contar con sus votos no les supondrá «ningún problema». La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, incluso conminó este martes en el Senado al respaldo del primer partido de la oposición.
En su primera intervención pública sobre el asunto, el presidente del Gobierno también se mostró impermeable a las críticas vertidas por sus socios y este martes, ante el pleno del Grupo Parlamentario Socialista, justificó la decisión de llevar por su cuenta al Congreso una proposición de ley que recupera a grandes rasgos la horquilla de penas existentes antes de la entrada en vigor de la ley, el pasado 7 de octubre. Asimismo, vuelve a la distinción entre actos sexuales no consentidos en los que medie violencia o intimidación y aquellos en los que no lo haga, aunque siga denominando a ambos como agresión (en la legislación anterior uno era agresión y el otro abuso). «Vamos a hacer lo que hay que hacer, lo que es de sentido común, lo que es correcto», adujo.
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Sánchez defendió las bondades de la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero pero aprobada de forma colegiada por todo el Consejo de Ministros y respaldada por 205 de los 350 diputados que tiene el Cámara baja. Sin embargo, después de 400 reducciones de condena y una treintena de excarcelaciones, arguyó que es preciso reconocer que «existe un problema» de calado. «Hemos comprobado que la ley ha tenido efectos indeseados en su aplicación, y me quedo corto», llegó a decir.
Reconocimiento del presidente
«Hemos comprobado que la ley ha tenido efectos indeseados en su aplicación, y me quedo corto»
«La pregunta es ¿qué se hace cuando el problema se plantea en la aplicación de una ley? Y la respuesta es evidente -añadió a continuación-: utilizar el diálogo pero resolver el problema». El diálogo, sin embargo, ha servido hasta ahora de poco en el seno del Gobierno y ayer tampoco hubo el mínimo signo de que la enorme discrepancia que mantienen los dos partidos del Ejecutivo sobre cómo ha de retocarse el Código Penal vaya a deshacer el entuerto. Sobre todo, teniendo en cuenta que no hay ya reforma que pueda evitar las revisiones de condenas previas y que lo que se haga será de aplicación solo para agresiones cometidas a partir de la entrada en vigor de la reforma.
Lejos de rebajar el tono, el debate se enconó este martes a raíz de las explicaciones con las que la ministra de Justicia, Pilar Llop, trató de replicar en la cadena Ser a los reparos que desde Igualdad ponen a la propuesta elaborada por su departamento. Lo hizo con unos argumentos que tampoco sentaron del todo bien en las filas socialistas porque, pese a defender que la norma en su conjunto supone «un grandísimo avance en nuestra legislación» y «un espejo para otros países», no dejó en buen lugar ni a su antecesor en el cargo, el hoy magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno, Juan Carlos Campo, ni al conjunto del Consejo de Ministros que dio luz verde a la norma.
Probar la violencia
Llop llegó a subrayar que es «evidente» que cuando concurren violencia e intimidación el delito cometido es más grave y que hay que «volver a la proporcionalidad». Incluso dijo que con la ley actual puede llegar a ser «más barata» la agresión sexual que el robo con violencia. «No es de recibo», enfatizó. Pero con lo que de verdad indignó a los morados fue con el modo en que esgrimió que la proposición del PSOE preserva el consentimiento como eje central de la norma y que lo importante es que si se demuestra que hubo violencia ya no es preciso demostrar que no hubo consentimiento: «La víctima tiene muy sencillo probar que hubo violencia solo con una herida».
La frase dio pie a Podemos para redoblar su teoría de que el texto del PSOE implica volver al «Código Penal de La Manada y al «calvario probatorio» para las mujeres agredidas. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, replicó tajante en sus redes sociales. «Si probar la violencia en una agresión sexual es tan sencillo, ¿por qué en el 2021 de 4.000 sentencias solo 500 mujeres pudieron probarla?».
También desde las filas de Podemos, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, admitió que el Ejecutivo es consciente de que una reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ no pondrá remedio a las reducciones de condenas de agresores sexuales y excarcelaciones que ya se han producido.«Hay un diagnóstico compartido en el seno del Gobierno y es que ninguna reforma penal va a servir ahora para enmendar esa rebaja de penas», dijo la ‘número dos’ del Ministerio de Igualdad en Radio Euskadi, donde añadió que «nadie supo prever que esto iba a suceder».
La juez Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, fue diputada de Unidas Podemos antes de ser nombrada para el cargo.
RTVE
Por qué dice Igualdad que el plan socialista rebajará más penas
La maraña técnica que rodea a la ley del ‘solo sí es sí’ añadió el lunes un nuevo nudo a raíz de que Victoria Rosell, delegada contra la Violencia de Género, jueza de carrera y puntal del Ministerio de Igualdad, aventurara, enigmática, que la reforma del PSOE va a desatar una «segunda ola» de rebajas de pena. El departamento de Irene Montero trasladó al departamento de Justicia el riesgo –que desde el ministerio niegan- de que si se incluye una disposición de Derecho Transitorio específica en la norma, que marque el terreno a los jueces sobre cómo aplicarla, cabe que los tribunales que han entendido que bastaba con lo ya presente en el Código Penal de 1995 y no han suavizado las condenas se encuentren ahora con los recursos de los reos.
