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El Gobierno se mete en un embrollo judicial y legislativo sin garantías de acuerdo con Junts

«Con el transcurso del tiempo este estrafalario pleito se ha complicado de tal modo que nadie en el mundo conoce ya su verdadera causa», asegura Charles Dickens en La casa lúgubre.

Algo parecido empieza a ocurrirle al Gobierno, enredado en una especie de embrollo judicial y legislativo para mantener el respaldo parlamentario de Junts.

Se incluyen reformas legales para favorecer a los encausados sin saber aún hasta dónde llegarán, y un cierto pulso con jueces y con fiscales que deben aplicar en el futuro la ley de amnistía.

Tan embrollada la situación, como que fuentes de Moncloa no descartan tener que ampliar otros 15 días el plazo que termina el 21 de febrero para pactar las enmiendas a la proposición de ley de amnistía.

Y lo peor de todo para el Gobierno es que no tiene ninguna garantía de que esos cambios legales, como el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, satisfagan a Carles Puigdemont y puedan salir adelante la amnistía y la legislatura.

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El Gobierno entiende que hay un claro pulso con fiscales y jueces, empeñados en hacer descarrilar la ley de amnistía. Y su empeño, según explican esas fuentes, es sacar adelante la norma, dando por hecho que finalmente no habrá acusación firme para Puigdemont por terrorismo.

Por el momento, se mantiene la línea roja de no modificar sustancialmente la proposición de ley de amnistía y, en particular, no incluir de forma indiscriminada todos los delitos de terrorismo.

El último episodio es el anuncio de que se estudia modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para restablecer la reforma que introdujo el PP en 2015 y que combatió el PSOE. Se trata de limitar los plazos de instrucción de los sumarios para favorecer la amnistía de Puigdemont y de los demás independentistas encausados.

La «Justicia más eficaz»

El propio Pedro Sánchez aseguró en 2018 que ese límite temporal a las investigaciones es «nocivo» y favorece la impunidad de las causas de corrupción. Esas causas suelen requerir investigaciones complejas y en muchos casos comisiones rogatorias muy lentas y, por eso, hay riesgo de que decaigan sin llegar al final. 

El Gobierno pretende ahora volver al modelo del PP, en el que la prórroga estaba en manos de los fiscales. Esta reforma que planea Moncloa provoca recelos en algunos de sus socios parlamentarios.

«Es una idea que todavía no está acordada, así que habrá que ver cómo se materializa. No tenemos clara la tramitación, pero queremos ir con los plazos. Lo que no se saque en 15 días no se va a sacar en tres meses, porque las posiciones se acaban enquistando», aseguran fuentes del Grupo Socialista del Congreso.

Aunque la reforma que planea tiene un objetivo particular, Moncloa ha creado el argumento de la «Justicia más eficaz». Es decir, en el argumentario distribuido a los ministros y dirigentes socialistas se dice que pretenden evitar que las instrucciones judiciales se eternicen.

Este propósito con esta herramienta legal no había sido invocada nunca por el PSOE. Pero la estrategia de crear un argumento genérico y un debate público para justificar una reforma legal que interesa a sus socios, no es nuevo.

En 2021, el Gobierno abrió un debate sobre la necesidad de adaptar la regulación del delito de rebelión a lo establecido en las legislaciones del resto de Estados europeos. En realidad, se trataba de dar justificación política al cambio del Código Penal para tener apoyo de ERC y facilitar la exculpación de independentistas encausados por el procés.

También lo hizo para modificar el delito de malversación y exculpar a los independentistas. En ese caso, el Gobierno sostenía que se trataba de distinguir entre los acusados de malversar para su beneficio y los que no obtenían dinero para ellos.

Más recientemente, el Gobierno ha usado esa estrategia para diluir la acusación de terrorismo. Llegaron a distinguir entre terrorismo que no afecta a derechos humanos y terrorismo que sí afecta a derechos humanos.

Así lo incluyó en las enmiendas a la ley de amnistía, y sus socios valoraron una reforma del Código Penal para redefinir el delito de terrorismo, aunque finalmente ha preferido no acometerla.