La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido «por motivos de salud pública» cualquier tipo de movilización solicitada para el próximo lunes, 8 de marzo, Día de la Mujer. Es la excepción. El Ejecutivo no ha vetado, de momento, en ninguna otra autonomía estas concentraciones.
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha explicado este jueves que había un riesgo contra la salud por las «posibles confluencias» de las marchas «multitudinarias» y sumando todas las peticiones podrían haberse concentrado más de 60.000 personas «moviéndose por las calles de Madrid».
CCOO y UGT y la plataforma de asociaciones 8M Movimiento Feminista han anunciado este viernes sendos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Ambos sindicatos han criticado que se trate de «demonizar y criminalizar» el movimiento feminista del 8M y han defendido que un alto porcentaje de las concentraciones presentadas ante la Delegación están «ajustadas a derecho».
También la plataforma de asociaciones 8M Movimiento Feminista ha argumentado que la prohibición «no obedece a ninguna medida sanitaria» y ha anunciado que recurrirán usando «todas las herramientas legales» para poder celebrar movilizaciones en la calle el lunes próximo con los permisos correspondientes y con todas las garantías sanitarias.
Asimismo, han pedido en un comunicado la dimisión de Franco: «La situación sanitaria no puede ser una excusa para eliminar una a una toda las alternativas legales
ofrecidas a Delegación para poder visibilizar el 8 de marzo», denuncian.
La Delegación del Gobierno en Madrid había recibido alrededor de 60 peticiones de organizaciones feministas para celebrar concentraciones o manifestaciones en torno al Día de la Mujer, y las principales estaban previstas en lugares como Embajadores, Atocha, Cibeles, la Puerta del Sol o Callao.
La propia Comisión 8M había convocado cuatro concentraciones de hasta 500 personas en el centro de Madrid para el próximo lunes, entre las seis y las nueve de la tarde, con un «exhaustivo protocolo» para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad anti-covid-19.
Franco ha informado de que las 104 manifestaciones prohibidas que se pensaban celebrar en la región entre el 7 y el 8 de marzo podrían haber reunido a más de 60.000 personas y que algunas de ellas compartían itinerarios.
Sobre posibles querellas por este motivo, ha defendido que ha actuado en «conciencia y con los datos» sanitarios. «No temo a las críticas porque actuamos en conciencia y con criterios objetivos», ha afirmado al tiempo que ha reiterado que «más de una convocatoria pretendía utilizar el mismo itinerario».
Por el momento, ninguna otra delegación del Gobierno ha tomado una decisión similar a la de Madrid.
Los responsables de Interior y Salud de la Generalidad de Cataluña han señalado este jueves que permitirán que se lleven a cabo concentraciones el 8M, aunque ha advertido de que se tendrán que cumplir de forma «escrupulosa» las restricciones y medidas preventivas vigentes. En esta comunidad, hay convocados 85 actos.
La Delegación del Gobierno en Andalucía ha trasladado las recomendaciones sanitarias a las 92 concentraciones comunicadas para el 8 de marzo, 46 de ellas relacionadas con el Día de la Mujer, y la de la Comunidad Valenciana, que prevé 53 actos y concentraciones, ha informado de que no prohibirá de momento las concentraciones al no haber ningún informe desfavorable por parte de las autoridades sanitarias ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Otras delegaciones del Gobierno, como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, Asturias o Extremadura se han manifestado en sentido parecido, mientras que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Ejecutivo que «concrete de una vez y «aclare» si las marchas del Día de la Mujer están prohibidas en toda España.
En Canarias se ha dado el visto bueno a 15, una más que en Aragón; en La Rioja hay previstas cinco.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que como miembro del Gobierno está obligada a cumplir las recomendaciones sanitarias y la prohibición de las manifestaciones del 8M, pero ha denunciado un «señalamiento» y «criminalización» del movimiento feminista. «Van a encontrar una oposición firme a esa España gris, machista, que nos quiere de vuelta a nuestras casa por parte de la extrema derecha», ha dicho al respecto.
