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El Gobierno teme que no salga la amnistía y asume que es «complicada» la reforma de la LECrim

El Gobierno tiene dos semanas para convencer a Junts. La Mesa del Congreso ha dado 15 días a la Comisión de Justicia para que elabore un nuevo dictamen que será votado en el hemiciclo. En Moncloa saben que, en estas 360 horas, tienen que conseguir que Carles Puigdemont se fíe de ellos para poder sacar adelante la ley fundacional de la legislatura: la de Amnistía. Si no lo consiguen, el Gobierno se adentrará en el territorio pantanoso de la ingobernabilidad que amenaza con engullirles.

En el entorno de Pedro Sánchez hay miedo a que Junts pueda dejarles, de nuevo, plantados en el altar, asumiendo el PSOE todo el desgaste. El margen de maniobra para atraer a los de Puigdemont es limitado y ahora ponen todas sus esperanzas en una reforma de la LECrim (Ley de Enjuiciamiento Criminal) que Pedro Sánchez anunció este lunes en la Sexta. Se trataría de reducir los plazos de instrucción. No sería la primera que se cambia. En 2015, Mariano Rajoy lo hizo y, en 2020, Sánchez volvió a ampliarlos acusando al PP de «permitir extinguir la responsabilidad de delitos de corrupción«.

Ahora, en otra vuelta de tuerca, el Gobierno pretende enmendarse a si mismo pero en Moncloa asumen que se trata de «una reforma complicada» porque «hay que buscar un equilibrio entre los operadores jurídicos». No parece tan fácil como, en principio, anunciaba Sánchez. En Moncloa tratan de conseguir lo imposible: hacer guiños a Junts y, a la vez, intentar que el poder judicial no se irrite ante las constantes interferencias el Ejecutivo.

De ahí, que en el Gobierno maticen que, aunque se acorten los plazos, hay que hallar «un equilibrio con la propia instrucción» de los casos Voloh y Tsunami Democrático, que son los que afectarían a Puigdemont. El Ejecutivo parecen saber dónde están los límites y quienes tendrán la última palabra: los jueces.

La desazón en las filas socialistas se extiende porque, según afirman, parece que en Junts no saben dónde parar. La opinión se extiende entre altos cargos y algunos diputados. Ahora, se asombran al ver a los de Puigdemont solicitando movimientos o cambios que son abiertamente inconstitucionales o que exceden las competencias de un Gobierno.

¿Y si la amnistía no sale?

La reforma de la LECrim es, por ahora, la única vía que el Gobierno contempla para atraerse a Junts. «Solo hay eso», confirman fuentes del Ejecutivo que descartan más cambios en la ley de amnistía. El optimismo de Pedro Sánchez en la entrevista en Al Rojo Vivo, mostrándose seguro de la aprobación de la norma, no es compartida por todo el Gobierno. En privado, no descartan ningún escenario. Incluso no ocultan que temen que, al final, la amnistía naufrague en el Congreso.

Las críticas que los separatistas hacen a la norma, durante sus intervenciones a los medios, se mantienen también en los contactos que el Gobierno mantiene con Turull y Nogueras. «Lo que dicen públicamente es lo que dicen en privado», aseguran en el Ejecutivo donde también empieza a extenderse un cierto pesimismo.

La prórroga presupuestaria

La prórroga de los Presupuestos, que hace sólo unos días era una posibilidad que barajaban, empieza a tornarse como una realidad cada día más plausible. «Ya están prorrogados», aseguran en el Gobierno restándole importancia a un hecho que sería inaudito: que un Ejecutivo tenga que prorrogar unas cuentas en el primer año de una nueva legislatura al no encontrar apoyos.

En Moncloa saben que cada movimiento judicial es observado con lupa en Waterloo. El último: la Junta de los Fiscales del Supremo pidiendo imputar a Puigdemont por terrorismo. En el Gobierno le restan importancia y lo califican de «consultivo» . Recuerdan que la última decisión la tomará su Fiscal General, Álvaro García Ortiz.

La reacción de los de Puigdemont está por ver. «Junts está midiendo», sentencian en el Gobierno donde temen que los recelos de prófugo en Waterloo se tornen en un sonoro «no» a la Ley de Amnistía al ver cada día más próxima su imputación y más lejos su inclusión en la citada ley.