El Gobierno toma las riendas de El Prat

El Ejecutivo estaba obligado a actuar para reconducir la situación del aeropuerto y, de este modo, proteger el interés general

El caos que viene sufriendo el aeropuerto de El Prat como consecuencia de la huelga que han protagonizado los vigilantes de seguridad de Eulen y la incapacidad de la Generalitat para resolver este conflicto han obligado al Gobierno a tomar cartas en el asunto para poner orden a una situación que, por desgracia, amenazaba con desbocarse en pleno puente de agosto, con todos los problemas e inconvenientes que ello supondría. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció ayer que el Ejecutivo intensificará la presencia de la Guardia Civil en los filtros de seguridad del aeropuerto con el fin de garantizar la seguridad y el orden público de cara a la huelga indefinida que han convocado los sindicatos a partir del próximo lunes, después de que los trabajadores rechazaran el jueves el incremento salarial de 200 euros mensuales en doce pagas que propuso la Generalitat. Asimismo, en caso de que la empresa y los representantes sindicales no alcancen un acuerdo, se establecerá un laudo arbitral de cumplimiento obligatorio para poner fin a esta disputa laboral cuyos efectos paga la ciudadanía.

La intervención del Gobierno evidencia, en primer lugar, el ambiente de ineficacia administrativa y radicalidad política que impera en Cataluña, con los nacionalistas volcados desde 2012 en la persecución de una ilegal y ruinosa utopía independentista, en lugar de dedicarse a gestionar y atender las necesidades reales de la población, y un Ejecutivo regional que, por si fuera poco, depende de los designios de una organización extremista y antisistema como la CUP, lo cual da buena cuenta del negro futuro que le depararía a esa hipotética Cataluña independiente. Al fracaso de la Generalitat en su intento de mediación se suma la irresponsable y desleal actitud de los sindicatos, cuya estrategia ha consistido en hacer el mayor daño posible para lograr sus objetivos, aprovechándose de la indefensión de los viajeros y sin reparar lo más mínimo en los graves daños ocasionados a miles de personas en los últimos días.

El Gobierno estaba obligado a actuar para reconducir la situación de El Prat y proteger el interés general. La mayor presencia de la Guardia Civil contribuirá, sin duda, a reducir las largas colas que han sufrido los pasajeros, especialmente en estos días en los que el tráfico aéreo registra su máximo nivel en Barcelona como resultado del puente y las vacaciones de agosto. Además, este conflicto no solo crea retrasos y molestias a un gran número de personas, dificultando así su derecho básico a la libre circulación, sino que también supone un importante problema de seguridad y orden público en un momento muy delicado debido a la alerta antiterrorista. Y todo ello sin contar el gran perjuicio que genera a la imagen exterior de España como destino turístico, más aún cuando a este conflicto se le unen los ataques violentos de las juventudes independentistas contra los turistas.

Loading...