El Gobierno trata de poner freno a la subida del precio de la luz

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El Consejo de Ministros ha intentado poner coto en su reunión de este viernes a las subidas del precio de la luz a través de un Real Decreto Ley de medidas urgentes para dotar a los consumidores de los instrumentos necesarios para rebajar su impacto en la factura como la suspensión del impuesto de generación, pero también la prohibición a las eléctricas de vender “puerta a puerta” sus contratos o la derogación del autoconsumo, entre otras.  

El Gobierno suspende con este Decreto el impuesto de generación eléctrica (7%) durante seis meses, lo cual tendrá un impacto del 4 % en la factura, según Ribera, como medida “de alivio” mientras trabaja en las “grandes medidas estructurales” como la reforma del funcionamiento del mercado eléctrico y la revisión del sistema fiscal que, dijo, “no está claro que sea el óptimo”.

Protección al consumidor

“La factura de la luz debe dejar de ser ese gran desconocido que llama a nuestra puerta cada mes y que nadie entiende”, argumentó la ministra Ribera durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que comparó la actual aversión que existe en la sociedad a la factura eléctrica con la que hace años existía hacia el recibo telefónico. Por ello, el Gobierno obligará a las comercializadoras a incluir en la factura de sus clientes con tarifa de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) el importe correspondiente de su consumo si tuvieran una tarifa de discriminación horaria. 

Según los análisis del Gobierno, un cambio de esta tarifa puede llegar a suponer un ahorro de 20€ anuales, pudiendo ser aún mayor si se adoptan hábitos de consumo eficiente. Y, sin embargo, solo 660.000 hogares de los 11,1 millones de usuarios adscritos a la tarifa de precio regulado tienen tarifa de discriminación horaria, según la CNMC.  

Además, el Real-Decreto incluye la posibilidad de contratar la potencia en múltiplos de 0,1 si se dispone de contador digital para ajustarla a las necesidades de consumo. En la actualidad, los escalones de contratación de potencia eran de 1,1 KWh. Según el Gobierno, en el último trimestre de 2017 casi el 40 % de los hogares tenía una potencia contratada entre los 4 y los 6 KWh por lo que existe mucho margen para el ajuste y ahorrar en el consumo. Un cambio de potencia de 0,5 KW (de 4,6 a 4,1) podría suponer un ahorro anual de 26 euros en un hogar tipo.

Evitar las ‘trampas’ de las comercializadoras

El Decreto también prohíbe a las comercializadoras eléctricas y de gas natural ir puerta a puerta vendiendo sus productos, a no ser que la visita fuera solicitada expresamente por el consumidor. Además, se permite la inhabilitación directa de las comercializadoras que realicen prácticas fraudulentas en el mercado mayorista, entre ellas, el incumplimiento de las obligaciones de compra de energía en los mercados diario e intradiarios.

De igual modo, se regulan los términos en los que las comercializadoras de energía eléctrica podrán acceder a los datos de consumo y potencia contratada de los consumidores para que puedan ofrecerles mejoras en la gestión de su demanda, optimización de la contratación del suministro o la adopción de medidas de eficiencia energética.

Bono social eléctrico

La lucha contra la pobreza energética es una de las prioridades del Gobierno que cifra en 4,6 millones el número de hogares que sufren pobreza energética. Para intentar reducir esta situación, la ministra ha anunciado que ampliará la cobertura del actual bono eléctrico que caducaba este lunes 8 de octubre hasta el próximo 31 de diciembre.

Además, este Real Decreto-Ley prohíbe el corte de suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, así como en los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior y cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en grado II y III.

Por otro lado, el Gobierno pone el foco en las familias monoparentales con la fijación de criterios de renta específicos para estos colectivos, más susceptibles al riesgo de pobreza energética, especialmente en el caso de las mujeres (el 85% de los hogares monoparentales tienen al frente a una madre) aumentando en 0,5 veces el IPREM para acceder al bono social.

Además, se amplían en un 15 % los límites de consumo de energía con derecho a descuento y el cómputo de consumo anual se flexibiliza puesto que hasta ahora la energía no consumida en un mes se puede utilizar en otro momento para proteger a los hogares en los meses de mayor consumo.

Por otra parte, el Gobierno endurecerá las sanciones a las comercializadoras con multas de hasta 60 millones de euros, en caso de infracciones muy graves.

Bono social de calefacción

Además, el Gobierno, como anunció Ribera, creará un nuevo bono térmico que será una ayuda directa a los beneficiarios del bono social eléctrico en función del grado de vulnerabilidad, del número de personas que formen la unidad familiar y de la zona climática en la que se encuentre su casa.

Incidió especialmente Ribera en que estas medidas surgen como respuesta “urgente” para los próximos seis meses de invierno y que les de tiempo establecer una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que establecerá objetivos, en el medio y largo plazo, y un marco de acción estable para su erradicación.

Energía renovable

Además, también se incluye la derogación del impuesto al sol, así como el fomento de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables y la eliminación de trabas burocráticas que dificultaban la presencia de una mayor movilidad eléctrica. “De los más de 9.000 MW que tenían que estar instalados de aquí a 2020 y que tenían que terminar sus procedimientos antes del 31 de diciembre del 2018 solamente lo están 80”, precisó Ribera.