El Govern anuncia una batalla jurídica para impedir la aplicación del 155

El Govern dará la batalla en los tribunales para intentar frenar la intervención de la Generalitat a través del artículo 155 de la Constitución. En su reunión semanal, celebrada ayer, el Ejecutivo catalán aprobó “la respuesta jurídica” al mecanismo contemplado en la Carta Magna, con la idea de “agotar las vías internas” y poder recurrir también a la justicia europea, explicó el portavoz Jordi Turull. Entre las acciones propuestas, está la de plantear un recurso de amparo y un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC).

Turull explicó que, de entrada, encargará un informe al Consejo de Garantías Estatutarias para que valore la aplicación del 155 propuesta por el Gobierno. El Ejecutivo autonómico considera que la medida aprobada por Mariano Rajoy “sobrepasa todos los límites”. Esperará, sin embargo, a disponer de ese documento técnico para presentar dos clases de medidas ante el Tribunal Constitucional.

Por un lado, un conflicto de competencias, que la Generalitat presentará al entender que el Gobierno central se ha extralimitado aplicando el 155. Por el otro, un recurso de amparo que planteará el presidente, Carles Puigdemont, al entender que ha habido defectos de forma y fondo. Por ejemplo, que el Senado emita su informe de conclusiones sobre el 155 antes incluso de haberle escuchado. Según detalló Turull, el president presentará el recurso justo después de que se le notifique que puede presentar alegaciones en el Senado, ya que es el momento en el que estará “legitimado” para hacerlo.

Turull recordó que las dudas sobre los términos de la intervención son compartidas por diversos constitucionalistas de prestigio y, por lo tanto, considera que el recurso puede tener recorrido.

Con el objetivo de explorar todas las vías a su alcance, el Ejecutivo catalán anunció su intención de recurrir —también por partida doble— ante el Tribunal Supremo (TS). Turull detalló que acudirán a la vía contencioso administrativa para “declarar nulo” el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado sábado, en el cual el Gobierno central hacía un listado de las posibles medidas de cara a intervenir la comunidad autónoma. Entre otras, la destitución del presidente catalán y de todos sus consejeros. El Govern solicitará medidas cautelarísimas con el objetivo de lograr una suspensión de la autonomía. El portavoz consideró que esos mecanismos van en contra del resultado de las pasadas elecciones catalanas. El segundo recurso lo presentarán, a título individual, tanto Puigdemont como el resto de consejeros para proteger “sus derechos fundamentales”.

Pese a haber criticado con dureza las decisiones de los tribunales, y pese a estar siendo investigado precisamente por desobediencia al Constitucional, el Govern ve legítimo ahora emplear esos recursos porque debe agotar todas las “vías internas” antes de acudir a instancias “internacionales”.

El Gobierno catalán quiso dar una imagen de normalidad en su funcionamiento e hizo públicos los nombramientos de cargos de la cúpula de la vicepresidencia económica. Un mes después de los registros en diversos departamentos de la Generalitat ordenados por el juez que investiga el referéndum del 1 de octubre, el Govern nombró a Lluís Juncà como secretario general del Departamento de Vicepresidencia en sustitución de Josep Maria Jové, uno de los detenidos el pasado 20 de septiembre. Hasta ahora, Juncà era jefe de gabinete de Oriol Junqueras. Albert Castellanos será el nuevo secretario de Hacienda, en lugar de Lluís Salvador, que también fue arrestado por la Guardia Civil.

Loading...